El Gobierno de Tulum, encabezado por Diego Castañón Trejo acumula compromisos crediticios nominales de hasta 125 millones de pesos: 50 millones contratados con Banorte en diciembre del 2025 y otros 75 millones autorizados recientemente por el Cabildo.
Mientras el Alcalde busca posicionarse en Morena para contender por una diputación federal en el 2027, su administración pretende recurrir a otro préstamo para cubrir la nómina, los aguinaldos, los salarios de policías y el servicio de recolección de basura, al tiempo que reduce los recursos destinados a inversión pública e incrementa el gasto en servicios generales.
El primer crédito fue contratado bajo el argumento de garantizar la operación municipal. Para cubrir los 50 millones de pesos, además de los intereses calculados en más de 3.3 millones, el Ayuntamiento contempló un recorte superior a 100 millones al presupuesto de inversión pública del 2026, con afectaciones a los recursos previstos para obras en el municipio.
A este compromiso se suma el nuevo financiamiento, aprobado por mayoría durante la quincuagésima primera sesión ordinaria de Cabildo, a propuesta del Presidente municipal. De acuerdo con lo expuesto por el tesorero, Raziel Ek Cruz, el préstamo será de corto plazo y busca atender necesidades de liquidez ante la disminución de los ingresos municipales.
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La Tesorería quedó facultada para comparar las propuestas de tres instituciones bancarias y elegir las condiciones financieras más convenientes. Durante la sesión se mencionó una oferta preliminar con una tasa de interés de 6.65%. El financiamiento deberá liquidarse durante el primer semestre del 2027 y no podrá destinarse a nuevas obras públicas.
Sin embargo, la autorización no significa que el Ayuntamiento ya haya contratado los 75 millones de pesos. Todavía falta conocer qué institución bancaria será seleccionada, cuánto dinero solicitará finalmente la administración y cuál será el costo definitivo de la operación.
Las necesidades de financiamiento contrastan con las modificaciones al presupuesto municipal del 2026. El gasto pasó de aproximadamente mil 408 millones de pesos a más de mil 506 millones; no obstante, la inversión pública sufrió una reducción cercana al 46 por ciento, mientras que los servicios generales aumentaron casi 36 por ciento, con un crecimiento acumulado superior a 155 millones.
Entre los movimientos presupuestales cuestionados figura la utilización de más de 5 millones 236 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) para atender obligaciones relacionadas con un crédito quirografario que, conforme a las condiciones originalmente aprobadas, debía cubrirse con ingresos propios.
La Tesorería justificó el nuevo préstamo por una caída en la recaudación municipal; sin embargo, durante la sesión no presentó cifras que acreditaran esa disminución ni el saldo actualizado del financiamiento anterior.
Esta falta de información motivó el voto en contra de la síndica municipal, Rifka Renée Queruel Nussbaum, quien cuestionó la ausencia de precabildeo y que la documentación necesaria para revisar las modificaciones financieras fuera entregada apenas una hora antes de la sesión, sin respetar las 48 horas que consideraba necesarias para realizar un análisis responsable.
“No se puede decir que hay finanzas sanas si se está recurriendo a un préstamo”, advirtió.
También exigió explicar el crecimiento acumulado de más de 155 millones de pesos en servicios generales y cuestionó el uso de recursos federales para cubrir obligaciones de un financiamiento que tenía asignada otra fuente de pago.
“¿Por qué se está sustituyendo con recursos federales una obligación que ya tenía asignados recursos fiscales?”, cuestionó al advertir que las modificaciones planteadas no coincidían con las condiciones financieras previamente autorizadas.
Queruel Nussbaum pidió precisar qué trabajadores recibirían los recursos, a qué periodos corresponderían las remuneraciones y cuáles serían las afectaciones a otros servicios municipales. Aclaró que su oposición no estaba dirigida contra el derecho de los empleados a recibir sus salarios, sino contra la utilización de recursos sin presentar los elementos necesarios para verificar la procedencia de esas operaciones.
“Los recursos públicos no pertenecen a una administración, pertenecen a Tulum y deben administrarse con responsabilidad y cuentas claras frente a sus habitantes”, sentenció al justificar su voto en contra por la falta de información y las incongruencias técnicas y financieras detectadas.
Las dudas sobre el manejo de los recursos también llegaron a los habitantes del municipio. Adriana García, odontóloga de profesión, comenzó a presentar oficios dirigidos al Alcalde, a los integrantes del Cabildo, a las oficinas municipales de Transparencia, al Congreso de Quintana Roo y a la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de obtener documentación oficial sobre la administración de las finanzas municipales.
Explicó que su preocupación no se limita al nuevo financiamiento, sino que también busca esclarecer las condiciones del préstamo anterior, por 50 millones de pesos, cuyo pago estaba programado para el 15 de noviembre. Solicitó conocer si el Ayuntamiento liquidó el compromiso, cuánto permanece pendiente y cuáles fueron las condiciones de la operación.
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Lisa Joan Magnon Salinas cuestionó la falta de información sobre el destino de los recursos y las condiciones de los préstamos. Consideró indispensable establecer un comité ciudadano de vigilancia que supervise la utilización del dinero público y propuso exigir informes trimestrales para conocer cómo se distribuye el presupuesto, cuáles son los compromisos financieros adquiridos y qué resultados obtiene la población.
Ambas ciudadanas exigen que el Gobierno municipal haga públicos los contratos, saldos, tasas de interés, calendarios de pago, modificaciones presupuestales y documentos que justifiquen cada operación financiera.
El Ayuntamiento mantiene pendientes explicaciones sobre el saldo real del crédito contratado con Banorte, el monto que finalmente solicitará a la nueva institución bancaria y las condiciones en que cubrirá ambos compromisos. Aunque los financiamientos sumarían nominalmente hasta 125 millones de pesos, todavía no existe información suficiente para establecer el adeudo vigente ni el costo total que representarán para las finanzas municipales.