El despido de la ex jefa de convenios de la clínica privada Amerimed Playa del Carmen derivó en una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de su baja laboral, situación que llevó el caso ante instancias oficiales para exigir el cumplimiento de derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
Perla Gabriela Martínez Espinoza, quien formó parte de la institución desde 2018, señaló que tras su salida el pasado 13 de febrero habría enfrentado prácticas que calificó como coercitivas y carentes de transparencia por parte de la empresa en el proceso de finiquito.
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De acuerdo con su testimonio, durante las gestiones posteriores a su separación laboral presuntamente se le intentó condicionar el pago de prestaciones a cambio de firmar documentos que, según afirmó, carecían de validez legal.
Asimismo, denunció que no recibió copias de contratos y que el cálculo del finiquito presentado por la empresa contenía inconsistencias.
Ante esta situación, el caso fue canalizado a instancias formales con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos laborales que establece la legislación vigente.
La controversia llegó hasta el Centro de Conciliación Laboral de Playa del Carmen, donde la exdirectiva acudió para iniciar un proceso que obligara a la clínica a cumplir con las obligaciones patronales correspondientes.
Durante el procedimiento, señaló que personal del hospital se habría negado de manera reiterada a entregarle copia de su contrato laboral y otros documentos necesarios para realizar trámites personales relacionados con seguros.
Según relató, fue necesaria la intervención de un conciliador para que el área de Recursos Humanos accediera finalmente a imprimir y proporcionar la documentación solicitada.
En el desarrollo de la revisión documental, Martínez Espinoza detectó presuntas inconsistencias en los archivos entregados por la institución. Entre ellas, mencionó la existencia de dos versiones distintas de su contrato laboral.
Una de estas copias, afirmó, no contaba con la firma de la dirección del hospital, mientras que la otra carecía de su propia rúbrica y además presentaba fechas diferentes.
A su consideración, este escenario reflejaría un desorden administrativo en la formalización de la relación laboral que mantuvo con la empresa durante varios años.
La denunciante sostuvo que estas irregularidades no solo tendrían implicaciones económicas, sino que también pondrían en duda el manejo interno de documentación oficial vinculada con los trabajadores y el cumplimiento de disposiciones relacionadas con la seguridad social.
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En ese sentido, consideró que el caso podría evidenciar fallas estructurales en los procesos administrativos aplicados por la institución.
Tras concluir el proceso de finiquito bajo supervisión legal, la ex trabajadora hizo un llamado a otros empleados para mantenerse atentos ante posibles irregularidades en procesos similares y buscar asesoría jurídica en caso de detectar anomalías.
Entre las recomendaciones que compartió destacó la importancia de no firmar documentos que no se puedan conservar en copia, así como evitar realizar lecturas en voz alta de textos que puedan quedar grabados sin consentimiento.
