Habitantes y residentes de Holbox, en Lázaro Cárdenas, denunciaron la presencia constante de perros domésticos que hostigan y dispersan a colonias de flamencos en zonas de descanso y anidación, justo cuando inicia la temporada de arribo de estas aves a la isla.
La situación, atribuida a la irresponsabilidad de algunos propietarios y a la ausencia de un reglamento de tenencia responsable, impide que autoridades cuenten con instrumentos jurídicos para sancionar estas conductas dentro del Área Natural Protegida (ANP).
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El arribo de estas aves representa no solo un atractivo visual para visitantes, sino también un componente clave del ecosistema local y una de las principales actividades económicas vinculadas al turismo en la isla.
Testigos documentaron a dos perros con dueño persiguiendo y espantando a las aves en sectores críticos de alimentación y reposo.
Aunque los propietarios argumentan que sus mascotas se encuentran entrenadas, expertos en ecología advierten que la simple presencia de perros o gatos —considerados especies invasoras en zonas naturales protegidas— provoca alteraciones indirectas en la fauna silvestre.
De acuerdo con personal de la comisión, el rastro de olor y la cercanía de estos animales generan altos niveles de estrés en los ejemplares, obligándolos a abandonar áreas utilizadas para alimentarse.
“El 90 por ciento de los reportes de ataques o perturbaciones a la fauna silvestre en la isla provienen de perros con dueño, no de animales callejeros”, señalaron fuentes del organismo.
La situación evidencia una contradicción estructural: mientras el sector turístico promueve el avistamiento de flamencos como principal atractivo, parte de la población y algunos negocios permiten el tránsito de mascotas en espacios restringidos.
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Dicho problema también tiene un origen administrativo. Durante la pasada gestión municipal se inició un censo animal en coordinación entre la Conanp y la Dirección de Ecología con el objetivo de elaborar un reglamento de tenencia responsable; sin embargo, el proyecto no avanzó y, tras el cambio de administración, el seguimiento quedó suspendido.
Habitantes de la isla lamentaron que la protección de la biodiversidad dependa únicamente de la voluntad de los propietarios, debido a la inexistencia de sanciones coercitivas.
Asimismo, señalaron que la falta de coordinación entre autoridades municipales, empresas turísticas y sociedad civil coloca a los guardaparques en una posición vulnerable, ya que su labor se limita a emitir exhortos verbales que con frecuencia son ignorados.
