Acusaciones por presuntas irregularidades en la actuación de elementos de Seguridad en Puerto Morelos derivaron en la presentación de una queja formal, luego de que un menor de 13 años fuera supuestamente interceptado, interrogado y fotografiado sin autorización, mientras caminaba en la vía pública del fraccionamiento Villas 2.
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, los hechos ocurrieron sobre la calle Félix González Canto, donde el adolescente, estudiante de la Secundaria Técnica No. 7 “Primero de Junio”, se dirigía a realizar un trabajo eventual limpiando el auto de una exdocente.
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Durante su recorrido fue abordado por agentes municipales que se trasladaban en una patrulla, tipo pick-up, similar a una Nissan NP300; viajaban dos policías en el interior de la unidad y un elemento militar en la zona trasera.
Según el reporte, los oficiales cuestionaron al menor sobre su identidad, edad, domicilio y escuela, a lo que respondió de forma respetuosa.
Posteriormente, uno de los uniformados le pidió retirarse la gorra y, sin explicar el motivo ni solicitar autorización sacó un teléfono celular y le tomó una imagen; no le informaron el uso que se le daría.
La carta refiere que no le explicaron la razón de la intervención ni de la captura, lo que generó confusión, incomodidad y una sensación de intimidación, especialmente por la presencia del militar.
Tras llegar a su destino, el adolescente relató lo ocurrido a su exprofesora, quien notificó a la tutora para advertir sobre la situación. A partir de ello se procedió a la presentación de una queja formal ante las autoridades correspondientes del Ayuntamiento.
En el documento se reconoce la labor de las corporaciones; sin embargo, plantean que el proceder descrito podría no ajustarse a los principios de legalidad, trato digno y protección especial que deben observarse en la atención a personas menores, en particular en lo relativo a su derecho a la privacidad y a no ser objeto de actos intimidatorios o injustificados.
Asimismo, se expone que el menor habría sido objeto de acciones similares en al menos dos ocasiones, en las que presuntamente fue retenido, cuestionado, fotografiado y molestado sin que existiera la comisión de algún ilícito, lo que incrementó la preocupación de su entorno familiar.
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De acuerdo con lo establecido en la notificación oficial, el órgano administrativo correspondiente otorgó un plazo de 10 días hábiles para la presentación de pruebas, el cual inició ayer y concluirá el viernes tres de abril del mismo año.
En caso de no presentar elementos dentro de ese periodo, se indica que se considerará precluido el derecho a hacerlo, conforme a lo previsto en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 287 y 291 del Código de Procedimientos Civiles del estado y el 128 del reglamento interior de la dependencia municipal.
Hasta el cierre de esta edición no se había informado de manera oficial sobre una investigación en curso, ni la postura de las autoridades.
