Ante la iniciativa presentada por legisladores de conflicto ambiental y jurídico persiste, mientras se mantienen negociaciones con Vulcan Materials que busca bloquear embarcaciones que utilicen el puerto de Punta Venado, en Playa del Carmen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó cualquier efecto negativo para la economía y el desarrollo de Quintana Roo.
Durante su conferencia matutina del martes, la mandataria fue clara: “No tendrá ningún impacto porque en este caso no hubo expropiación. Es una iniciativa que presentaron en la Cámara de Representantes e irá al Senado, pero no afectará nuestra realidad”.
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Su postura se basa en que los terrenos donde operó durante más de 30 años la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, siguen siendo propiedad de la compañía, pero en septiembre de 2024 fueron declarados parte del Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto”, con una extensión total de 53.227 hectáreas, de las cuales 2.387 hectáreas corresponden a los predios de la empresa.
La medida se tomó por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras comprobarse una sobreexplotación y daños ambientales graves: durante su actividad, la empresa extraía alrededor de 6 a 6,5 millones de toneladas de piedra caliza al año, superando hasta 20 veces el volumen autorizado en su concesión, y afectó irreversiblemente cenotes, acuíferos y biodiversidad de la zona, con registros de daños a 942 especies de flora y fauna.
Sheinbaum informó que las negociaciones con Vulcan Materials continúan: “Seguimos en pláticas para llegar a un acuerdo que beneficie a Quintana Roo, a México y al medio ambiente. Cualquier diferencia se atiende por canales institucionales y negociación directa”. El objetivo principal, destacó, es mantener la certidumbre económica en la región, donde la actividad turística y portuaria son pilares.
Datos clave de la zona y conectividad
Transporte de pasajeros: En 2025, la ruta marítima que conecta Punta Venado con Cozumel movió 325.123 pasajeros.
Además, la ruta principal entre Playa del Carmen y Cozumel alcanzó los 3,85 millones de pasajeros en 2025, consolidando la conectividad regional.
Litigios legales
Vulcan Materials ha presentado múltiples recursos de amparo ante tribunales federales mexicanos, entre ellos contra la clausura de sus operaciones y la declaratoria de ANP, aunque en varias ocasiones se han negado las suspensiones provisionales.
También ha iniciado un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde reclama una indemnización de 1.529 millones de dólares.
Por su parte, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) precisó que en relación con la nota periodística publicada el 28 de marzo sobre una supuesta “confiscación” de instalaciones de Vulcan Materials y acciones legislativas en Estados Unidos, el Gobierno de México formula las siguientes precisiones:
“No existe expropiación ni confiscación de activos de Vulcan Materials en México. Los predios, incluyendo la terminal marítima, continúan siendo propiedad de la empresa. Las medidas adoptadas corresponden a la restricción de actividades extractivas derivada de la declaratoria de Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto”, conforme al marco jurídico mexicano.
Señalamientos ambientales
Organizaciones como Greenpeace y grupos ciudadanos han denunciado durante años los daños causados por la actividad extractiva, calificándola como uno de los mayores desastres ecológicos de la Península de Yucatán, y han apoyado la declaratoria de área protegida como una medida de reparación y conservación.
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Legisladores
Humberto Aldana, diputado federal sostuvo que la iniciativa de legisladores estadounidenses es una intromisión en nuestra soberanía.
“Lo que ocurrió aquí es una medida de protección ambiental, no una expropiación. Nuestra prioridad es recuperar y conservar los recursos naturales que fueron dañados, al mismo tiempo que garantizamos que la economía de Playa del Carmen y todo el estado siga creciendo”.
María del Carmen Martínez Andrade, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso federal señaló que es importante diferenciar entre derechos de propiedad y deberes ambientales.
“La empresa sigue siendo dueña de sus terrenos, pero no puede seguir realizando actividades que dañen el entorno. Las negociaciones deben buscar un equilibrio, pero la protección del medio ambiente es irrenunciable”.
