El cierre y cercado de un predio utilizado durante años como estacionamiento comunitario generó inconformidad entre habitantes de Chemuyil, luego de que personal de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (Agepro) delimitara el terreno bajo el argumento de que se trata de un área verde.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la intervención se realizó sin previo aviso a la comunidad y sin que, según los vecinos, se exhibieran decretos, planos, cartografía oficial u otros documentos que acreditaran el estatus jurídico del predio.
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Los trabajadores estatales habrían informado únicamente que el espacio corresponde a una zona de reserva, motivo por el cual procedieron a su resguardo mediante cercado perimetral.
El terreno, ubicado en una zona habitacional y señalado por residentes como una extensión de la calle Venado, fue utilizado históricamente ante la falta de infraestructura urbana y de espacios formales para estacionamiento.
Los habitantes sostienen que, durante años, el sitio presentó acumulación de basura y funcionó como tiradero clandestino, situación que fue atendida por los propios vecinos y, posteriormente, con labores de limpieza realizadas por el Ayuntamiento, lo que permitió habilitarlo como área para resguardar vehículos.
Tras la colocación del cerco, varias unidades quedaron al interior del perímetro delimitado, lo que generó preocupación entre sus propietarios.
Según relataron, se les permitió retirar los automóviles; sin embargo, al solicitar información adicional sobre el destino del terreno y las razones formales del cierre, se les indicó que, en caso de considerar tener algún derecho sobre el uso del espacio, deberán acudir a las instancias correspondientes y presentar la documentación que lo respalde.
Los inconformes señalaron que la medida impacta directamente en la movilidad diaria de la comunidad, que enfrenta un déficit de espacios públicos para estacionamiento.
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Indicaron que el predio funcionaba como una solución práctica ante la carencia de lugares disponibles en la zona, por lo que consideran que debió existir un acercamiento previo y canales de diálogo antes de ejecutar la delimitación.
Hasta el momento, no se ha emitido información pública adicional por parte de la autoridad estatal sobre el procedimiento realizado en el lugar ni sobre el destino definitivo del espacio, mientras la comunidad mantiene su postura de solicitar transparencia y diálogo respecto a un área que consideran de uso común.
