Empresarios locales denunciaron presuntos cobros indebidos para enlazar las cámaras de videovigilancia de sus establecimientos a los sistemas de monitoreo C2 o C5, trámite que, según señalaron, les era solicitado como requisito para obtener o renovar sus licencias de funcionamiento. Tras las inconformidades, autoridades municipales aclararon que el servicio es gratuito y no debe generar ningún pago.
Durante una reunión con funcionarios del Ayuntamiento, representantes del sector comercial expusieron que las cuotas exigidas oscilaban entre mil 200 y mil 500 pesos. añadieron que, en varios casos, los pagos se realizaban sin la entrega de un recibo oficial emitido por la Tesorería Municipal.
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De acuerdo con los testimonios, el procedimiento consistía en instalar las cámaras de seguridad en los establecimientos y enlazarlas a la red pública de videovigilancia. Una vez concluido el proceso, se entregaba un documento indispensable para continuar con el trámite de la licencia de funcionamiento; sin embargo, para obtener esa constancia era necesario cubrir el monto solicitado.
Un integrante del sector empresarial afirmó que durante el proceso se cobraban entre mil 200 y mil 500 pesos para realizar la conexión y entregar el documento correspondiente. Indicó que, tras exponer el caso ante las autoridades, recibió la confirmación de que el enlace a los sistemas C2 o C5 es completamente gratuito, por lo que pidió investigar el origen de esos cobros.
Luego de la denuncia, funcionarios municipales reiteraron que la incorporación de equipos privados a los centros de monitoreo de seguridad no tiene costo alguno. Ante ello, empresarios solicitaron el inicio de una investigación interna para deslindar responsabilidades e identificar a quienes presuntamente realizaron cobros sin sustento legal.
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Una empresaria de la zona turística, quien pidió mantener en reserva su identidad, aseguró que la práctica afectó a diversos restauranteros y comerciantes, quienes decidieron pagar por temor a que la expedición o renovación de sus licencias fuera retrasada o condicionada.
Ante esta situación, representantes del sector privado solicitaron al Ayuntamiento transparentar los requisitos vigentes para la obtención y renovación de licencias de funcionamiento, además de difundir la información mediante circulares oficiales para brindar certeza jurídica a los contribuyentes y prevenir posibles irregularidades administrativas.
