Playa del Carmen enfrenta un crecimiento inmobiliario que, de acuerdo con activistas y especialistas, avanza sin el ordenamiento necesario y representa riesgos ambientales y sociales, debido a la comercialización de terrenos forestales y la construcción de nuevos desarrollos en una zona caracterizada por suelos kársticos, cuevas y cenotes.
El activista Alejandro Durán señaló que la venta de terrenos sin los cambios de uso de suelo correspondientes puede favorecer la deforestación y generar nuevos problemas sociales, mientras que cuestionó la actuación de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Aseguró que parte de la vegetación de Playa del Carmen está siendo eliminada para abrir paso a nuevos proyectos inmobiliarios, mientras se comercializan lotes sin que, según su señalamiento, exista suficiente información sobre las condiciones ambientales del terreno y las actividades que pueden realizarse en ellos.
“En tanto no se ordena el desarrollo urbano, la anarquía urbana es una grave amenaza a corto y largo plazo porque están destruyendo toda la vegetación sin permisos de las autoridades”, comentó.
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Durán agregó que algunos terrenos son ofrecidos mediante esquemas de pago y comercializados sin estudios que determinen qué tipo de construcciones pueden realizarse, principalmente porque el suelo kárstico de la región contiene cuevas y cenotes que pueden albergar especies protegidas.
Por su parte, el biólogo Gabriel Robles explicó que los desarrolladores inmobiliarios deben cumplir con los procedimientos ambientales correspondientes antes de iniciar la construcción de viviendas. Entre estos requisitos se encuentra la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuando el proyecto esté sujeto a este procedimiento.
Robles señaló que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales también debe tramitarse ante la autoridad ambiental cuando corresponda, y sostuvo que uno de los problemas es que algunos proyectos comienzan con la tala o el desmonte antes de cumplir con las disposiciones legales.
El especialista mencionó además el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece restricciones para autorizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales afectados por incendios, tala o desmonte durante un periodo determinado, salvo las excepciones previstas por la propia legislación.
A esta situación se suma, según el ingeniero José Antonio López, el rezago que mantiene Playa del Carmen en materia de infraestructura y servicios.
“Tenemos problema de agua potable, energía eléctrica, transporte público, movilidad, señalización vial, escuelas públicas, mercados, áreas verdes, problemas de calentamiento global e inseguridad”, señaló.
López consideró que, pese a estas condiciones, continúan autorizándose nuevos desarrollos inmobiliarios, lo que, desde su perspectiva, incrementa la presión sobre los servicios y la infraestructura existente.
El activista Luis Rodríguez coincidió en que la expansión inmobiliaria está provocando el desplazamiento de fauna silvestre. También señaló que algunos terrenos que incluyen cenotes son comercializados para su posible desarrollo, pese a las restricciones ambientales que pueden existir en este tipo de espacios.
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Rodríguez explicó que los cambios de uso de suelo en terrenos forestales están sujetos a procedimientos específicos y que, de acuerdo con la legislación, las autorizaciones deben sustentarse en estudios técnicos y considerar la opinión del Consejo Estatal Forestal en los casos que corresponda.
Durán sostuvo finalmente que la falta de ordenamiento está modificando la geografía de Playa del Carmen y favoreciendo la fragmentación de terrenos para su comercialización.
Afirmó que las autoridades deben reforzar la vigilancia y garantizar que los proyectos inmobiliarios cumplan con las normas ambientales antes de permitir la transformación de la vegetación y el desarrollo de nuevas construcciones.
