Playa del Carmen enfrenta una situación crítica en materia de salud durante los fines de semana, periodo en el que los centros de salud municipales ubicados en las colonias 28 de julio, Luis Donaldo Colosio, Villas del Sol y el Peten suspenden la atención médica y dejan a la ciudadanía sin opciones públicas, acusaron ciudadanos.
José Manuel Dzib, uno de los residentes inconformes destacó que los centros de salud municipales operan únicamente de lunes a viernes en horario diurno y cierran sus puertas después de las seis de la tarde; además suspenden actividades los sábados y domingos.
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“La cobertura nocturna y de fin de semana queda reducida al Hospital General del Estado y a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en el fraccionamiento Villamar II, la cual presta servicio de manera exclusiva a derechohabientes”, añadió.
“Esta problemática se agravó después de que la administración municipal destituyera al personal de enfermería, lo que obliga a la población a buscar atención en el sector privado a pesar de la compleja situación económica actual”, señaló el ciudadano Luis Alonso Díaz.
Recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en su Artículo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que exigió al Gobierno municipal cumplir con esta obligación fundamental.
“La falta de servicios públicos obliga a las familias a destinar recursos en consultorios particulares donde las tarifas superan los 250 pesos”, advirtió la señora Ana Mendoza.
Refirió que el gasto privado varía según la necesidad del paciente, pues una consulta de medicina general oscila entre 300 y 500 pesos, mientras que la atención con especialistas va de los 500 a los mil.
Dentro de los costos frecuentes en el municipio, una cita ginecológica promedia los 800 pesos, la visita con un ortopedista o cardiólogo alcanza los mil y los honorarios de un pediatra se sitúan en 600.
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Ante el crecimiento demográfico de la localidad, Luis Alonso Díaz enfatizó la necesidad de que el Ayuntamiento gestione la apertura de servicios médicos permanentes y acerque especialistas a los sectores vulnerables.
La señora Yolanda Collí recalcó la urgencia de restablecer las prestaciones constitucionales, señalando que la falta de infraestructura pública para realizar análisis clínicos obliga a pagar entre 800 y mil pesos en laboratorios privados.
