Bañistas denunciaron el cobro de hasta 800 pesos por la renta de sombrillas, sillas y camastros en los arenales de Playa del Carmen, principalmente en zonas como avenida Constituyentes, Playa 88 y Punta Esmeralda, donde señalaron que particulares ofrecen estos servicios sin entregar comprobantes y cuestionaron la falta de vigilancia sobre las actividades comerciales en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Juan Acuña, Nora Méndez y Jaime Tolosa coincidieron en que los prestadores de estos servicios establecen sus propias tarifas y abordan a los visitantes desde que llegan a la arena. Acuña relató que recientemente acudió con familiares provenientes de otro estado a la costa ubicada en las inmediaciones de la avenida Constituyentes, donde les ofrecieron parasoles hasta en 700 pesos.
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El ciudadano Fernando Solís cuestionó que se cobre por el uso de equipamiento colocado en una zona de acceso público. Señaló que las playas deben permanecer disponibles para todos y pidió aclarar bajo qué condiciones particulares pueden desarrollar actividades comerciales en estos espacios.
Méndez aseguró que los rentadores no entregan recibos y consideró que existe falta de control sobre la franja costera. Indicó que las tarifas alcanzan alrededor de 700 pesos por un toldo y 150 pesos por cada silla de plástico durante toda la jornada.
Ante esta situación, solicitó a las autoridades encargadas de la Zofemat revisar las actividades que se desarrollan en estos puntos y determinar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.
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Tolosa, turista de la región, señaló que los visitantes nacionales y residentes son abordados para contratar sombrillas y otros artículos. Cuestionó quién supervisa este tipo de servicios y bajo qué permisos operan los particulares.
Rigoberto Lara, lanchero, consideró necesario reforzar la vigilancia de las actividades comerciales en los arenales para evitar afectaciones a la actividad turística. Señaló que, aunque las condiciones de las playas han mejorado tras los meses de mayor presencia de sargazo, persisten situaciones que generan inconformidad entre los usuarios.
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, las playas forman parte de los bienes de dominio público y son de acceso libre. La Zona Federal Marítimo Terrestre comprende una franja de 20 metros de tierra firme, transitable y contigua a la playa, a partir de la marea máxima registrada, conforme a las disposiciones aplicables.
