Una mujer fue vinculada a proceso por el presunto delito de homicidio en agravio de un contador, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 18 de junio en la carretera Gas Auto.
Sobre estos hechos la Fiscalía General del Estado mantiene dos líneas de investigación, en la primera un posible robo y en la segunda, que al parecer la víctima llevaba la administración de un grupo delictivo.
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Fue ayer, cuando las autoridades ministeriales confirmaron la vinculación a proceso de Merelin Marlo “N”, de 34 años, quien fue señalada por el homicidio del contador Jorge N.
Autoridades explicaron que el pasado 12 de junio del presente año, la víctima estuvo con Merelin Marlo “N” en un restaurante de la ciudad.
Momentos después, se observó, vía cámaras de seguridad que ambos salieron del establecimiento y se subieron a un vehículo, de la marca Volkswagen, para dirigirse a un motel localizado sobre la avenida Diagonal Tulum, donde permanecieron por varias horas, hasta que salieron rumbo a la carretera Gas Auto.
Las autoridades presumieron que en ese momento, a la víctima ya la habían privado de la vida; luego, la señalada y otra mujer fueron a la casa de la hija de Jorge, donde le dijeron que su papá se había sentido mal y que estaba en una clínica y con engaños querían que se subiera al automóvil.
La joven rechazó la solicitud de las mujeres, por lo que dio parte a las autoridades, presentando la formal denuncia por la desaparición del contador, motivo por el que la Policía Ministerial de Investigación inició con las indagatorias de este hecho.
Derivado de las investigaciones se logró obtener información que llevó a la ubicación del cuerpo en la colonia La Amistad, en la carretera Gas Auto, entre la avenida José López Portillo y el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, donde se confirmó que el cuerpo tenía huellas de violencia.
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Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público para luego ser llevada ante un Juez de Control, quien analizó los datos aportados, determinando que sería vinculada a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva por dos años o el tiempo que tarden las investigaciones.
Asimismo, las autoridades no han determinado si el homicidio se derivó por un robo fallido o si la víctima llevaba la contabilidad de algún grupo delictivo del que posiblemente desvió recursos.
