Familiares de personas no localizadas denunciaron intentos de extorsión, a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y perfiles falsos en redes sociales, donde delincuentes aseguran tener datos sobre el paradero de las víctimas a cambio de dinero.
Mayte, madre de un desaparecido, relató que estos contactos intentan abusar del dolor y la esperanza de los allegados. “Se aprovechan del momento más vulnerable. Prometen información, fotografías o ubicaciones, pero primero exigen depósitos o transferencias”, afirmó.
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Rodrigo, padre de dos jóvenes ausentes desde el 2022, señaló que esta práctica constituye una forma de violencia adicional. “La extorsión es un delito grave que revictimiza. Ningún hogar debería ser presionado, engañado ni obligado a pagar por supuestos indicios. La búsqueda de nuestros seres queridos no es un negocio”, expresó.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante enero se reportaron 71 casos de desaparición. El año pasado, la misma instancia informó sobre 376 individuos que continúan sin ser ubicados hasta la fecha.
El municipio Benito Juárez encabeza la estadística con mayor incidencia, al concentrar 164 reportes (118 hombres y 46 mujeres).
Colectivos pidieron evitar transferencias de dinero, no compartir datos personales, conservar evidencia de los mensajes y denunciar las cuentas que intentan lucrar con la tragedia.
En diversas publicaciones de fichas de búsqueda, aseguraron, han recibido comunicaciones con pistas falsas. “No caigan en estas bajezas. No nos van a silenciar ni a intimidar. La dignidad de las familias se respeta. La búsqueda es un derecho y la extorsión, un crimen”, manifestaron.
El abogado penalista Luis Enrique Alcocer advirtió que estas conductas pueden tipificarse como extorsión agravada y fraude. “Se trata de un acto grave porque explota el estado emocional de las víctimas indirectas. Debe investigarse de oficio cuando se detecta este patrón”, explicó.
En Quintana Roo, este ilícito es considerado de alta gravedad y contempla penas que pueden superar los 30 e incluso alcanzar los 42 años de prisión en situaciones agravadas.
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La abogada María Fernanda Rivas añadió que, aunque existen querellas, pocas veces se logra llevar los expedientes ante un juez. “El principal obstáculo es que los responsables operan con números desechables o identidades ficticias. Sin una investigación sólida, las carpetas no avanzan y eso propicia impunidad”, dijo.
Desde la academia, la profesora de criminología Adriana Poot Méndez dijo que este fenómeno evidencia un vacío institucional. “La extorsión contra familias buscadoras es una forma de violencia simbólica y económica. No solo afecta su patrimonio, también deteriora su salud emocional y prolonga el duelo”, señaló.
Por su parte, Karla Canché, integrante de un colectivo de búsqueda, afirmó que varias personas han sido contactadas bajo el mismo esquema. “Primero envían mensajes diciendo que poseen información, luego solicitan dinero. Es una manera cruel de jugar con la esperanza”, aseguró.
