La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por presuntas amenazas contra dos agentes de Tránsito Municipal, mientras la Dirección de Seguridad Pública activó medidas preventivas para proteger a los elementos señalados.
Fernando González Felipe, titular de la corporación, informó que no se ha confirmado la autenticidad del mensaje difundido en redes sociales; sin embargo, explicó que, por protocolo, se aplicaron acciones preventivas desde que tuvieron conocimiento de la publicación.
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Las supuestas amenazas surgieron en medio de la inconformidad ciudadana por los retenes y filtros viales instalados en distintos puntos de Cozumel, donde automovilistas y motociclistas denunciaron presuntos abusos e irregularidades durante las revisiones.
“Se desconoce si la amenaza es real o forma parte de una publicación falsa, pero por protocolo se tomaron medidas preventivas para salvaguardar la integridad de los elementos mientras la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes”, declaró el funcionario.
Precisó que los agentes continúan con sus labores habituales y que existe coordinación con la Policía Cibernética y las mesas de seguridad para ubicar el origen del mensaje y determinar si representa algún riesgo.
Aunque las autoridades no relacionaron las presuntas amenazas con los operativos de Tránsito, ambos hechos coincidieron con los reclamos ciudadanos sobre el actuar de algunos elementos durante los filtros de revisión.
Durante los últimos meses, conductores recurrieron a redes sociales para denunciar presuntas revisiones arbitrarias, retenciones prolongadas y solicitudes de dinero a cambio de evitar sanciones. Hasta ahora, el Ayuntamiento no reportó investigaciones concluidas ni sanciones derivadas de estos señalamientos.
Fernando Zepeda, automovilista, consideró necesario fortalecer la supervisión de los filtros para garantizar que cumplan su objetivo y evitar prácticas que generen desconfianza entre la población.
“Los retenes son importantes cuando cumplen una función de prevención, pero también debe existir vigilancia sobre el actuar de los agentes para que la ciudadanía tenga confianza en los procedimientos”, expresó.
Laura May, comerciante de la zona centro, señaló que tanto ciudadanos como elementos policiales deben contar con garantías y que cualquier acusación debe revisarse.
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“Si existe algún abuso debe investigarse, pero también cualquier amenaza contra un servidor público debe atenderse conforme a la ley. Lo importante es que exista transparencia en ambos casos”, comentó.
La FGE mantiene abierta la carpeta para determinar si las amenazas son reales, identificar a los responsables y establecer las posibles consecuencias legales. Mientras tanto, habitantes de la isla mantienen la exigencia de mayor vigilancia en los filtros viales y mecanismos más efectivos para denunciar posibles abusos de autoridad.
