La detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, abrió un nuevo frente político entre figuras de Morena y representantes de la oposición, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre fue detenido el jueves 6 de agosto en el Estado de México. La Fiscalía lo acusa de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, a partir de nuevas investigaciones sobre grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala. Según la FGR, esos videos mostraban el momento en que policías interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las acusaciones deberán ser analizadas por un juez y el exmandatario mantiene la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.
Morena rechaza que la FGR esté “fabricando culpables”
Entre las primeras reacciones estuvo la de Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, quien rechazó que la Fiscalía esté construyendo acusaciones sin sustento y recordó que Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes.
La legisladora sostuvo que corresponderá al exmandatario responder ante la justicia por los señalamientos que formule el Ministerio Público.
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Detienen a Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa; FGR lo investiga por presunto ocultamiento de evidencias
Desde Morena también se respaldó públicamente la actuación de la fiscal general Ernestina Godoy. Citlalli Hernández cuestionó anticipadamente una eventual defensa del exgobernador por parte de partidos y organizaciones opositoras y elogió la nueva etapa de investigaciones de la FGR.
La Fiscalía asegura que dos testimonios obtenidos durante 2026 permitieron reforzar la hipótesis de que las imágenes captadas en Iguala fueron deliberadamente sustraídas y ocultadas. Uno de los testigos habría señalado que existió una instrucción desde altos niveles del Gobierno de Guerrero para eliminar evidencias relacionadas con los hechos.
Oposición acusa posible uso político de la justicia
En contraste, Fernando Belaunzarán, representante de “Somos México”, consideró que la detención alimenta los cuestionamientos sobre un posible uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Belaunzarán relacionó el caso con la detención en 2022 del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, quien también fue procesado por hechos relacionados con la investigación de Ayotzinapa.
“Somos México”, sin embargo, aclaró posteriormente que Ángel Aguirre no pertenece a esa organización ni forma parte de su Consejo Consultivo Ciudadano, con lo que marcó distancia de cualquier señalamiento de militancia o representación política.
Las reacciones muestran que el caso Ayotzinapa vuelve a colocarse en el centro de la confrontación partidista, ahora por las responsabilidades que la FGR intenta establecer casi 12 años después de la desaparición de los estudiantes.
¿De qué acusa la FGR a Ángel Aguirre?
La investigación se concentra en las grabaciones realizadas por las cámaras 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. La Fiscalía sostiene que el material existió y registró parte de la actuación de policías durante la noche de los ataques.
Las primeras versiones oficiales señalaban que las imágenes no estaban disponibles debido a supuestas fallas técnicas. Nuevas diligencias y testimonios llevaron a la FGR a considerar que esa explicación era falsa y que las grabaciones fueron ocultadas de manera deliberada.
La fiscal Ernestina Godoy señaló que la nueva línea de investigación apunta a una operación organizada desde niveles superiores del Gobierno estatal de aquella época. La autoridad judicial deberá definir ahora si los elementos presentados son suficientes para vincular a proceso al exgobernador.
Caso Ayotzinapa vuelve a generar confrontación política
La captura de Aguirre se produce en un momento en que la FGR ha anunciado nuevas líneas de investigación sobre uno de los casos de derechos humanos más relevantes de México.
Mientras Morena sostiene que las diligencias deben avanzar sin importar el cargo político que hayan tenido los involucrados, voces opositoras han pedido garantizar que el expediente no sea utilizado con fines partidistas.
La discusión política continuará en paralelo al proceso judicial. La responsabilidad de Ángel Aguirre, sin embargo, no dependerá de las posturas de los partidos, sino de los datos de prueba que presente la Fiscalía y de las decisiones que adopten los jueces encargados del caso.
IO
