Una madre acusa posibles irregularidades en la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la sustitución del agente que llevaba el caso contra su expareja José Domingo Berzunza Espínola, señalado por adeudar más de un millón 700 mil pesos de pensión alimenticia a sus cuatro hijos.
Velvet María Torres Escuadra presentó la denuncia pública por presuntos actos de influyentismo en la FGE, luego de que el Fiscal que llevaba el caso fuera sustituido y, según su versión, la nueva encargada habría recibido instrucciones de no oponerse a que se modifiquen las medidas cautelares.
De acuerdo con el documento entregado a Por Esto! por la víctima, el proceso deriva de una denuncia presentada el 31 de enero de 2024 por presunto incumplimiento de las obligaciones alimentarias y violencia familiar en su modalidad económica.
El 2 de marzo de 2026, José Domingo Berzunza Espínola fue vinculado a proceso por estos hechos en la carpeta administrativa 429/2025 del Juzgado Segundo de Control. Según la denunciante, para ese momento el adeudo de pensión alimenticia superaba un millón 700 mil pesos, cantidad que, aseguran, continúa sin ser cubierta.
Noticia Destacada
Detienen a un sujeto con presunta droga en operativo conjunto en Maxcanú, Yucatán
El 21 de agosto de 2026, la Fiscalía formuló acusación contra el imputado, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico de Campeche y director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de ese estado (Icatcam).
Acusado fue detenido tras no presentarse a una audiencia
En su denuncia, la víctima señaló que el juzgado citó a Berzunza Espínola a una audiencia intermedia programada para el 23 de septiembre de 2026, con el apercibimiento de que podría ordenarse su aprehensión si no comparecía sin causa justificada.
Ante su inasistencia, fue declarado sustraído de la acción de la justicia y se libró una orden de aprehensión. El acusado fue detenido el 26 de septiembre y ese mismo día se le impuso prisión preventiva justificada, medida que fue confirmada el 28 de septiembre, a petición de su propia defensa, según el relato de los denunciantes.
La víctima sostienen que el acusado ha mantenido su adeudo alimentario durante más de dos años, mientras enfrenta el proceso penal. También señalaron que existe otra carpeta de investigación relacionada con presuntas declaraciones falsas ante el juez familiar que conoce del juicio de alimentos y divorcio.
Señalan sustitución del fiscal y posible cambio de medidas cautelares
El conflicto más reciente, expusieron, ocurrió el 22 de octubre, cuando acudieron ante el fiscal Moisés Almeida Maldonado, quien había llevado el caso desde la imputación, y se les informó que ya no estaba a cargo de la carpeta.
Según la denuncia, un superior les explicó que el cambio se produjo después de que el acusado se quejara de que el fiscal solicitó que permaneciera en prisión por no acudir a la audiencia judicial. Asimismo, afirmó que la nueva agente del Ministerio Público se negó a atenderla y que la Vicefiscalía la citó para una reunión posterior.
La denunciante manifestó que tiene conocimiento de que la nueva funcionaria habría recibido instrucciones de no oponerse a una modificación de las medidas cautelares y que, por información obtenida a través de familiares del acusado, podría realizarse una audiencia de revisión para permitir su salida de prisión.
Noticia Destacada
Detectan seis cigarros de presunta marihuana en una maleta en el aeropuerto de Mérida
Sin embargo, estos señalamientos corresponden a la versión de las víctimas y no se aportó en el documento información que permita confirmar de manera independiente las presuntas instrucciones, un acuerdo para modificar las medidas cautelares o la existencia de actos de corrupción.
Piden investigar posibles irregularidades
Velvet María Torres Escuadra cuestionó que el cambio de agente ministerial pudiera estar relacionado con las inconformidades del acusado y advirtieron que, desde su perspectiva, no existen cambios objetivos que justifiquen modificar la prisión preventiva.
La denunciante también consideró necesario esclarecer si existe un trato preferencial hacia Berzunza Espínola por sus antecedentes en la administración pública de Campeche, aunque precisaron que no cuentan con pruebas para atribuir responsabilidades específicas por ese posible influyentismo.
Su petición es que se revisen los hechos señalados, se garantice la actuación de la Fiscalía conforme a la ley y se protejan los derechos de sus hijos menores de edad, quienes, aseguran, llevan más de dos años sin recibir la pensión alimenticia correspondiente.
