Los 106 ayuntamientos de Yucatán estarán obligados a abrir sus sesiones de Cabildo al escrutinio público digital. A partir del 2027, las reuniones deberán transmitirse en tiempo real por internet y sus actas publicarse en un plazo máximo de tres días, como parte de una reforma estatal que busca fortalecer la transparencia municipal y limitar decisiones discrecionales de los alcaldes.
Las modificaciones se oficializaron mediante el Decreto 183/2026, publicado en el Diario Oficial del Estado y firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena.
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La nueva legislación establece que las sesiones de Cabildo deberán ser públicas, con libre acceso para la ciudadanía y transmisión digital obligatoria a través de plataformas oficiales de los municipios o incluso desde cuentas de regidores. Sólo podrán reservarse casos excepcionales y con el voto justificado de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo.
Obligación legal
La reforma también cierra la puerta a prácticas discrecionales en los gobiernos: los presidentes municipales ya no podrán impedir la difusión de las sesiones ni otorgar exenciones de contribuciones fuera de los márgenes legales establecidos.
Aunque en Yucatán varios ayuntamientos ya realizan transmisiones esporádicas por redes sociales, no existía una obligación legal uniforme para transparentar las discusiones y decisiones del Cabildo. Con la reforma, además de las transmisiones, las actas deberán colocarse tanto en formato físico como digital para consulta pública.
La nueva ley también incorpora obligaciones en materia de seguridad y protección social. Los municipios deberán crear unidades de prevención social de la violencia y del delito, mecanismos de participación ciudadana e integración al Consejo Estatal en la materia.
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Los cambios cobran relevancia en un contexto en el que Yucatán mantiene indicadores de seguridad arriba de la media nacional, pero enfrenta crecimiento urbano acelerado en municipios metropolitanos como Mérida, Kanasín, Umán y Valladolid, donde especialistas han advertido sobre la necesidad de fortalecer la prevención comunitaria y la atención a menores.
Paridad de género
Otra disposición relevante es la incorporación del principio de paridad de género en elección de autoridades auxiliares municipales, como comisarios y comisarias. La norma establece que, si el número de comisarías es impar, deberá privilegiarse la postulación mayoritaria de mujeres.
Las reformas también obligan a los ayuntamientos a implementar sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes, mediante unidades administrativas especializadas que podrán trabajar en coordinación con el DIF estatal.
Las disposiciones relacionadas con transparencia digital y publicación de actas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027; las medidas sobre paridad, prevención del delito y protección infantil comenzarán el 1 de septiembre del mismo año. A partir de entonces, los municipios tendrán 90 días para adecuar plataformas y estructuras administrativas.
