Llegan primero los caminos abiertos entre el monte. Después, la maquinaria pesada. Luego los incendios. Finalmente aparecen parcelas rectangulares donde antes crecían árboles, habitaban abejas meliponas y corría el agua de lluvia hacia las cavidades del karst. En comunidades del municipio de Tekax, en el corazón de la Zona Puuc, los habitantes observan con una mezcla de asombro e impotencia cómo su territorio se transforma a una velocidad que ninguna institución parece capaz de detener.
Lo que hace apenas cinco años eran extensiones de selva mediana subcaducifolia –uno de los ecosistemas más importantes para la recarga del acuífero peninsular yucateco‒ hoy son campos de cultivo dedicados a soya, maíz, sorgo, chile, papaya, cítricos y, sobre todo, limón tecnificado, el llamado “diamante verde” que ha atraído capital agroindustrial de múltiples procedencias.
Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), entre el 2001 y el 2023 Tekax perdió el 14 por ciento de su cobertura forestal total, deforestación atribuida en gran medida a comunidades menonitas y a empresas agroindustriales mexicanas y extranjeras. El municipio se encuentra flanqueado por dos zonas de protección federal y estatal: el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax y la Reserva Estatal Biocultural del Puuc; sin embargo, estimaciones propias de investigadores de campo apuntan a que ambas reservas acumulan alrededor de 9 mil hectáreas arrasadas desde la llegada de los primeros operadores agroindustriales en el 2017.
Un fenómeno complejo
Las comunidades menonitas asentadas en la Península de Yucatán son uno de los actores más visibles en la transformación del paisaje, pero los propios habitantes advierten que el problema es más amplio: detrás de muchos proyectos también operan empresarios agrícolas e inversionistas externos que emplean mano de obra menonita como ejecutores del desmonte, según documentó la investigadora Gabriela Torres-Mazuera en trabajos recientes sobre el tema.
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En septiembre del 2025, la propia titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció públicamente que “una de las zonas más riesgosas que hemos identificado es la Península de Yucatán, donde desafortunadamente los menonitas están deforestando y hemos detectado siembra de maíz transgénico”. La declaración llegó en la conferencia presidencial del 29 de ese mes, meses después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutara, entre mayo y agosto del 2025, la clausura de 25 predios en la Península equivalentes a 6 mil 325 hectáreas de selva devastada, la mayoría vinculadas a la agroindustria citrícola.
Sólo en Tekax, la Profepa intervino al menos cuatro predios entre el 2025 y el 2026: en el paraje San Diego Buenavista se afectaron alrededor de 350 hectáreas; un predio dentro del Área Natural Protegida Bala’an K’aax fue clausurado; en el ejido Nohalal se documentó un desmonte de 39.6 hectáreas, y otro de 18.4 hectáreas en la comisaría de Becanchén, donde fueron asegurados cuatro bulldozers, un remolque, dos plantas de energía y 92 piezas de madera extraída ilegalmente.
Aun así, habitantes consultados afirman que varios predios intervenidos terminan regularizándose y reincorporándose a la actividad agrícola. “Sí se les clausuró, pero luego terminan regularizando y los terrenos se quedan convertidos en campos de cultivo”, lamentó un poblador durante un recorrido por la zona.
Abejas envenenadas
La madrugada del 10 de mayo del 2025, habitantes de Nohalal encontraron miles de abejas muertas frente a sus colmenas. La imagen se repetiría en otros cinco apiarios de la zona. Investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) –Jaime González Tolentino, Eric Vides Borrell y Rémy Vandame‒ tomaron muestras y las analizaron. El resultado fue contundente: fipronil, un insecticida clasificado como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) por las autoridades sanitarias mexicanas.
“En las tres muestras analizadas se encontraron residuos de fipronil por encima de la dosis mortal. No hay duda de que la aplicación de este insecticida fue la causa de la intoxicación”, afirmó González Tolentino. La concentración detectada en las muestras superaba en 39 por ciento la dosis necesaria para matar a la mitad de una población de abejas. Mediante georreferenciación y análisis de vientos, el equipo de Ecosur delimitó una zona de afectación de al menos 349 hectáreas. Las evidencias apuntan a una parcela de limón tecnificada al norte del área impactada, donde se habrían realizado fumigaciones nocturnas con tractores y drones.
El impacto económico fue cuantificado por los propios investigadores: 465 mil pesos en pérdidas directas y la desaparición de al menos 495 días de empleo rural. Pero el daño más profundo es estructural: el fipronil no discrimina entre la abeja europea (Apis mellifera) y las meliponas o Xunan Kab’, consideradas parte fundamental del patrimonio biocultural maya y cuya reproducción no depende únicamente de la intervención humana.
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La crisis apícola de Tekax no es un episodio aislado. En el 2026, municipios como Tizimín, Tahdziú, Tekax, Valladolid y Tzucacab concentran las principales afectaciones de una actividad que sostiene a 16 mil apicultores yucatecos, en su mayoría indígenas mayas. Yucatán produce 9 mil 451 toneladas de miel al año –el 16.5 por ciento de la producción nacional‒ cifra que ya representa una caída de casi 30 por ciento frente a los niveles récord de entre 12 mil y 14 mil toneladas alcanzados entre el 2008 y el 2012, según datos de la Secretaría de Agricultura.
Agua, tierra y gobernanza
En una región caracterizada por su sistema kárstico, donde el agua subterránea alimenta cenotes y sostiene la vida de las comunidades, los desmontes tienen consecuencias que van mucho más allá de los límites de cada parcela. Habitantes de localidades cercanas a grandes extensiones desmontadas reportan cambios en el comportamiento de las aguadas durante la temporada de lluvias. “Quitaron una parte de la sabana y ahora cada vez que llueve se inundan”, relató un vecino. También denuncian la extracción ilegal de agua subterránea: “Hacen pozos sin permisos, riegan día y noche porque no tienen medidor volumétrico”.
El valor de la polinización en Tekax ilustra la magnitud de lo que está en juego. De acuerdo con el estudio de Ecosur, este servicio ambiental aporta un valor estimado de 276.9 millones de pesos al año al municipio, equivalente al 38 por ciento del valor total de su producción agrícola. La pérdida de polinizadores, por tanto, no sólo afecta a los apicultores: compromete la rentabilidad del mismo modelo agroindustrial que los está desplazando.
Para las comunidades, uno de los problemas más graves es la percepción de que las reglas no se aplican de manera uniforme. “Hay un tema de gobernanza. No quieren pasar con el comisario a pedir permiso porque dicen: ¿Por qué nosotros sí y los menonitas no?”, resumió una fuente consultada. Pese a las clausuras ejecutadas, ninguna empresa ha enfrentado sanciones penales. Los nuevos proyectos citrícolas tampoco han sido sometidos a consulta comunitaria ni cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados, según respuestas a solicitudes de información dirigidas a Semarnat.
En la Zona Puuc se define algo más que el futuro de un municipio: se disputa el modelo de relación entre el capital agroindustrial y los territorios comunitarios mayas que, durante siglos, han gestionado la selva, el agua y las abejas como un sistema indivisible. “Son valores distintos. Para ellos es trabajar y producir; para nosotros es cuidar lo que nos da de comer”, resumió uno de los habitantes que decidió mostrar, con riesgo propio, lo que ocurre en su comunidad.
