Cuatro torres con 138 departamentos, seis edificios con 74, o 14 cuerpos habitacionales: según el medio que se consulte, la cifra cambia acerca del complejo Las Dunas. Lo que no cambia es el nombre que aparece detrás de la maquinaria que remueve arena y vegetación en Chuburná Puerto: Designia Desarrollos, un consorcio con sede en Mérida que en los últimos años ha construido buena parte del perfil inmobiliario de la capital yucateca y del litoral.
Mientras colectivos vecinales y el propio Gobierno del Estado piden a la Semarnat y a la Profepa revisar los permisos del proyecto Las Dunas, una pregunta ha quedado en segundo plano frente al debate ambiental: quién construye, con qué historial y bajo qué autorizaciones.
Designia Desarrollos no llega a Chuburná Puerto como una firma nueva. Su portafolio incluye la plaza comercial Paseo 60 y las torres 60 Norte –donde tendrá sede la Dirección Divisional Sureste de BBVA, una serie de establecimientos comerciales, hotel y apartamentos–, actualmente está en construcción en contraesquina de las oficinas del Tren Maya, en Cordemex.
Además edifica Casona 333, un antiguo predio colonial ubicado en la calle 60 –que perteneció a Hernán Berzunza Espinosa y Consuelo Gutiérrez Cervera– y que es transformado en una torre de departamentos, hotel y restaurante. A ello se suma Tívoli Mérida Residences, con el que la marca hotelera Tívoli, operada por Minor Hotels, debutará en México. En la costa, construyó Siela, en Telchac Puerto, un complejo de 46 departamentos de lujo y 10 penthouse, distribuidos en seis torres.
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La empresa se presenta a sí misma como impulsora de una “Mérida Verde”, comprometida con mitigar el cambio climático y fortalecer la biodiversidad urbana, un contraste que no ha pasado inadvertido para quienes documentan la remoción de vegetación dunar en la costa.
Los socios detrás de las siglas
Entre los accionistas identificados figura José Chapur Zahoul, presidente honorario del Grupo Palace, con presencia en Yucatán y Quintana Roo, donde cuenta con varios hoteles, y que con los años diversificó su capital hacia la adquisición de tierra en ambas entidades de la Península.
Lo acompaña Víctor Abraham Palomo, vicepresidente del Consejo Peninsular de Designia y también yerno de Chapur Zahoul, con trayectoria propia en el desarrollo hotelero e inmobiliario en Ciudad del Carmen, Campeche, y participación en otros proyectos de Designia, como 60 Norte, en Mérida.
La ruta de los permisos
El proyecto Las Dunas se sostiene, hasta ahora, en un permiso de “Factibilidad Urbana Ambiental” otorgado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) durante la administración de Mauricio Vila Dosal (2018–2024).
La entonces titular de la SDS, Sayda Rodríguez, hoy diputada local por el PAN, firmó la autorización estatal; a nivel municipal, la luz verde se atribuye a la gestión del entonces alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi.
Esa cadena de permisos es la razón por la que la obra conserva, ante las autoridades, el estatus de “regular” pese a la presión ciudadana y a la intervención que ahora pide el propio Gobierno estatal a Semarnat y Profepa.
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El expediente pendiente
La discrepancia misma en las cifras del proyecto –entre 4 y 14 torres, entre 74 y 138 departamentos– retrata la opacidad que rodea al caso: hasta ahora no se ha hecho pública la Manifestación de Impacto Ambiental que debería precisar el alcance real de la obra.
Como publicamos ayer, especialistas del Instituto de Ecología de la UNAM en Yucatán advierten que construir sobre la duna interrumpe el flujo natural de arena que alimenta las playas y detona erosión costera, como ocurrió en Cancún tras el huracán Wilma, cuando se recurrió a trasladar arena del fondo marino sin considerar la interacción entre ecosistemas.
Con la revisión federal solicitada por el propio Gobierno de Yucatán a Semarnat y Profepa todavía sin resolución, y con la UNAM impulsando ante Semarnat y Profepa la primera normativa nacional específica para dunas costeras, Chuburná se perfila como un caso de prueba: no sólo para el futuro de un tramo de litoral, sino para saber si el vacío legal que hoy protege a proyectos como Las Dunas sobrevive al escrutinio que empieza a rodearlo.
