Representantes de los consejos comunitarios de Ixil, Santa María Chi, Molas y Kinchil denunciaron que continúan enfrentando procesos judiciales y conflictos derivados de la defensa de sus territorios, por lo que anunciaron una movilización para el 9 de agosto, con la que buscarán visibilizar lo que consideran una criminalización de quienes se oponen a proyectos inmobiliarios y agroindustriales en distintas regiones de Yucatán.
Acompañados por integrantes de la Fundación Yansa, los voceros ofrecieron una conferencia de prensa en la que presentaron un balance de litigios abiertos y de las acciones legales que impulsarán en las próximas semanas, además de informar sobre la conformación de un nuevo consejo comunitario en Caucel Pueblo.
Noticia Destacada
El Mundial no impulsa al turismo en Yucatán; hoteleros tienen esperanza en las vacaciones
Uno de los casos expuestos fue el de Santa María Chi, donde el comisario Wilberth Nahuat informó que, aunque la granja porcícola que operaba en la comunidad ya fue clausurada y retiró la totalidad de sus animales, la empresa Grupo Porcícola San Gerardo promovió una apelación contra la resolución emitida el 17 de junio, con la intención de impugnar pruebas presentadas por la comunidad durante el proceso judicial.
Nahuat añadió que aún está pendiente el dictamen de daño ambiental que debe emitir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como parte del procedimiento derivado de la clausura definitiva de la granja. La dependencia verificó recientemente el retiro de más de 41 mil cerdos y mantiene abierto el proceso para definir las medidas de remediación ambiental que deberá cumplir la empresa.
El representante comunitario invitó a la ciudadanía a participar en la marcha del 9 de agosto, organizada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la que distintas comunidades exigirán respeto a los derechos de los pueblos originarios y el fin de los procesos penales contra defensores del territorio.
Rechazan acusaciones
Durante la conferencia también intervino el Consejo Comunitario de Ixil, cuyos integrantes rechazaron las acusaciones de despojo promovidas por las familias Abimerhi y Millet, al sostener que las tierras en disputa son de uso común y forman parte del patrimonio administrado colectivamente por la asamblea comunitaria.
El vocero Emmanuel Chan aseguró que los denunciantes no han mantenido la posesión pacífica del predio, como señalan en el expediente judicial, y sostuvo que la comunidad ha ocupado históricamente esos terrenos. Asimismo, cuestionó la actuación de la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez, al considerar que aplicó agravantes improcedentes contra comuneros por portar herramientas agrícolas, por lo que anunció la presentación de una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Por su parte, Sergio Oceransky, integrante de la Fundación Yansa, afirmó que la acusación contra Ixil parte de una versión distinta a la que sostiene la comunidad. Según explicó, los denunciantes argumentan que fueron despojados en 2022, mientras que los habitantes aseguran que siempre conservaron la posesión y que fueron terceros quienes intentaron apropiarse del predio.
Demanda de amparo
El activista informó que ya fue admitida una demanda de amparo por presuntas violaciones al debido proceso y señaló que apeló la decisión judicial que mantiene como medida cautelar el uso permanente de un dispositivo de monitoreo electrónico.
Asimismo, adelantó que presentará, junto con integrantes de la comunidad, una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por lo que consideran un uso indebido del sistema de justicia para inhibir la defensa del territorio y de los derechos colectivos. También anunció que solicitó el derecho de réplica a un medio de comunicación local al considerar que su cobertura contribuyó a estigmatizar a la comunidad.
También se informó sobre la creación del Consejo Comunitario de Caucel Pueblo, organismo que iniciará próximamente sus primeras reuniones para analizar la situación de tierras que enfrentan presiones de intereses particulares.
Las comunidades reiteraron que la movilización del 9 de agosto buscará reunir a habitantes de distintos municipios de Yucatán para demandar que cesen los procesos judiciales contra defensores del territorio
