Cinco clausuras temporales, una hectárea de vegetación talada y quemada, 2 mil 578 metros cuadrados de manglar removido y un humedal rellenado, además de 274 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre ocupados sin concesión: ese es el saldo que dejó en Yucatán el segundo operativo nacional conjunto de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las acciones se realizaron en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, dos de los humedales más importantes de la península por su biodiversidad y por los servicios ambientales que prestan a las comunidades costeras: protección contra huracanes, regulación del clima, hábitat para la pesca y almacenamiento de carbono.
El operativo peninsular formó parte de un despliegue mayor que abarcó 33 Áreas Naturales Protegidas prioritarias en 25 estados del país, con el objetivo declarado de frenar el cambio ilegal de uso de suelo y la ocupación irregular de ecosistemas costeros.
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Seis inspecciones
En territorio yucateco, las autoridades realizaron seis inspecciones: tres por cambio de uso de suelo, dos por impacto ambiental y una más en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Los recorridos documentaron una hectárea con tala y quema de vegetación; el relleno de un humedal y la remoción de manglar en 2 mil 578 metros cuadrados; el desmonte de 5 mil metros cuadrados de selva baja caducifolia; 3.53 hectáreas con cambio de uso de suelo; y otros 5 mil metros cuadrados afectados por quema.
A ello se sumó la detección de 274 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre ocupados sin concesión. Con estos hallazgos, la Profepa impuso cinco clausuras totales temporales e inició los procedimientos administrativos que definirán las sanciones.
El fenómeno no es aislado ni nuevo para la región. Apenas en abril pasado, Profepa y Conanp realizaron el primer operativo conjunto de este tipo en 41 Áreas Naturales Protegidas de 29 entidades, que dejó 17 clausuras a nivel nacional, el aseguramiento de 39.9 metros cúbicos de madera, 36 ejemplares de vida silvestre y el retiro de 25 estructuras irregulares.
Campeche, con el mismo mal
La Península de Yucatán concentra buena parte de esa presión. En Campeche, el mismo operativo de junio detectó en el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax la remoción y quema de 12.5 hectáreas de vegetación secundaria de selva mediana subcaducifolia, presuntamente ligadas a asentamientos menonitas.
Ese hallazgo derivó en una clausura total temporal y en el anuncio de una denuncia penal. En la Reserva de la Biosfera Los Petenes, además, fueron desmanteladas 13 estructuras irregulares sobre la zona federal marítimo terrestre, liberando 380 metros lineales de ese espacio protegido.
La huella menonita
El caso de Bala’an K’aax no es aislado dentro del historial de conflictos ambientales asociados a comunidades menonitas en la península. Entre mayo y agosto de 2025, la Profepa reportó la clausura de 17 predios con afectaciones en 3 mil 747 hectáreas de selva repartidas entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán, además de 13 denuncias penales.
En el primer semestre de ese mismo año, la dependencia documentó más de 2 mil 600 hectáreas arrasadas por tala ilegal e incendios provocados, en un patrón vinculado con la expansión de monocultivos agroindustriales y el uso de agroquímicos como el glifosato, señalado por sus posibles efectos en la salud y en la mortandad de abejas.
Especialistas han advertido que el reto no se agota en las clausuras: piden sanciones penales efectivas, planes de restauración ecológica de largo plazo y mecanismos que frenen la venta irregular de tierras ejidales, además de una protección más firme para comunidades mayas que dependen de la apicultura y de los ecosistemas amenazados.
Cero tolerancia
En el litoral, el problema tiene otra cara: la presión inmobiliaria y turística sobre dunas, manglares y humedales. Un operativo similar en Chicxulub Puerto, Progreso y San Crisanto dejó cinco clausuras a proyectos inmobiliarios por cambio de uso de suelo y afectaciones a dunas y matorrales costeros, dentro y fuera del Área Natural Protegida Ría Celestún.
La Profepa insistió en que estos operativos conjuntos con Conanp, Guardia Nacional y las Secretarías de la Defensa y Marina continuarán de manera permanente en la península, como parte de una política de “cero tolerancia” ante el deterioro de manglares, selvas y zonas federales.
Para Yucatán, donde Ría Celestún y Ría Lagartos son pilares del ecoturismo, la pesca ribereña y la regulación climática regional, el resultado de estas cinco clausuras se suma a un expediente cada vez más extenso sobre la tensión entre desarrollo, asentamientos irregulares y conservación de un patrimonio natural que, advierten las autoridades, no da tregua para nuevas pérdidas.
