En enero pasado, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a la granja avícola Crío, en el municipio de Hoctún, para verificar una clausura ejecutada semanas atrás. Lo que encontraron resumía en una imagen el problema de fondo: los sellos habían sido violados. La operación continuaba. La empresa había eliminado vegetación nativa en 8.9 hectáreas sin autorización de cambio de uso de suelo y, pese a la sanción federal, nadie había detenido las actividades.
La Profepa amplió entonces la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. El episodio no es una excepción: es un patrón.
Entre enero y mayo del 2026, la Profepa ejecutó 24 acciones punitivas en Yucatán –sanciones económicas, clausuras totales y órdenes de reparación del daño ambiental‒ lo que representa 16 acciones más que en el mismo periodo del año anterior. La aceleración del ritmo de operativos confirma que la vigilancia federal se intensificó, pero también evidencia que el problema lejos de resolverse continúa expandiéndose.
A esas 24 acciones se suman 13 denuncias penales acumuladas ante la FGR derivadas de los operativos ambientales en toda la Península. La pregunta que formulan ambientalistas, investigadores y comunidades afectadas es siempre la misma: ¿cuándo se traduce una clausura en reparación real del daño?
La respuesta involucra una dimensión que los expedientes administrativos difícilmente capturan: la del suelo mismo. Salvador Castell González, biólogo y fundador de la asociación civil Va por la Tierra, explica que la biodiversidad es el principal indicador de salud de un ecosistema terrestre y que concentrar grandes extensiones en una sola especie genera desequilibrios que afectan la funcionalidad natural del suelo a nivel microbiológico, hídrico y estructural.
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“Si colocamos muchos ejemplares, pero de una sola especie, cometemos un error ecológico. Incluso en una reforestación, si se siembran únicamente pinos o cedros, en vez de ayudar al medio ambiente lo estamos perjudicando”, expuso el especialista.
Un terreno sometido a monocultivo intensivo puede requerir entre 20 y 50 años para recuperarse de manera natural. Con técnicas científicas de restauración de ecosistemas, ese periodo puede reducirse a un promedio de siete años, pero eso exige voluntad institucional, presupuesto y continuidad que hasta ahora no existen en el estado.
Agroquímicos en el acuífero: el daño que no se ve en el mapa
El sistema normativo mexicano prohíbe el uso de fipronil –insecticida catalogado como Plaguicida Altamente Peligroso‒ en cultivos que impliquen riesgo para polinizadores. La prohibición existe en el papel desde el 2020, cuando el gobierno federal emitió el decreto que inició su retiro gradual.
Sin embargo, la Conabio, el Conacyt y la Semarnat han documentado que el químico sigue siendo utilizado en predios agroindustriales del sur de Yucatán. La filtración de este y otros agroquímicos al subsuelo representa una amenaza particular en una región kárstica donde no existe un manto de arcilla que aísle el acuífero: el agua de lluvia y los compuestos aplicados en superficie descienden directamente hacia el sistema de cavidades que alimenta cenotes, pozos y manantiales comunitarios.
Ante ese escenario, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC) trabaja junto con la Semarnat en la elaboración de un decreto que amplíe la restricción a otros plaguicidas identificados como causantes de muerte masiva de polinizadores. El proceso regulatorio, iniciado en 2025, no ha concluido. Mientras la norma se construye, la aplicación continúa.
El delegado de la Semarnat en Yucatán, Guillermo Porras Quevedo, reconoció públicamente que la dependencia mantiene un monitoreo constante para evaluar las consecuencias del uso intensivo de pesticidas, pero precisó que su rol es el de autoridad reguladora y acompañante, no el de instancia persecutoria. “Se está trabajando dándoles un seguimiento muy puntual”, indicó en referencia a las actividades agroindustriales que se desarrollan sin autorizaciones correspondientes para el cambio de uso de suelo.
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El cambio de uso de suelo: la trampa legal que permite el desmonte
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Lgdfs) exige que cualquier conversión de terreno forestal a uso agropecuario cuente con una autorización federal de cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), expedida por la Semarnat. En la práctica, los operativos federales han documentado de manera reiterada que los desmontes ocurren antes de que esa autorización sea tramitada o concedida. El mecanismo es siempre similar: se desmonta, se instalan cultivos y sistemas de riego, y se coloca a la autoridad ante un hecho consumado. Las clausuras llegan después, pero la vegetación ya no existe. En ese punto, la restauración –legal y ecológica‒ se convierte en un proceso mucho más complejo que la prevención que nunca ocurrió.
La Profepa tiene facultades para clausurar predios, imponer sanciones económicas y presentar denuncias penales, pero carece de mecanismos propios para forzar la restauración efectiva de las áreas dañadas. Las órdenes de reparación del daño ambiental que acompañan a las clausuras dependen de la disposición del infractor para cumplirlas y de la capacidad del Estado para verificar ese cumplimiento en terrenos remotos. El resultado, documentado por comunidades y organizaciones civiles, es que numerosos predios clausurados terminan siendo regularizados con uso agropecuario definitivo: la clausura funciona como un costo de operación, no como un verdadero freno.
La milpa maya: un modelo que espera su turno en la política pública
Frente al deterioro del suelo y la insuficiencia del marco sancionatorio, especialistas y organizaciones ambientalistas señalan que la solución de fondo no es exclusivamente jurídica: es también agronómica y cultural.
La milpa maya –sistema de siembra simultánea de maíz, frijol y calabaza practicado por siglos en la Península‒ ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como Patrimonio Mundial Alimentario, junto con las chinampas del centro del país.
La distinción no es ceremonial: reconoce la capacidad de estos sistemas para mantener la fertilidad del suelo a largo plazo sin intervención química intensiva, a través de una simbiosis entre especies –la tríada mesoamericana‒ que nutre el suelo, fortalece la biodiversidad y regula la humedad de manera natural.
La milpa y los policultivos prehispánicos representan, en palabras de Castell González, el modelo opuesto al monocultivo en términos ecológicos: no exigen “manejo agresivo” mediante agroquímicos, no erosionan los nutrientes del suelo y no generan los desequilibrios que eventualmente contaminan el acuífero. Sin embargo, su escala de adopción como alternativa productiva en zonas afectadas por la deforestación sigue siendo marginal.
No existe, hasta junio de 2026, un programa estatal o federal que vincule de manera sistemática la restauración de predios clausurados con la reconversión hacia sistemas tradicionales como la milpa. El suelo yucateco, entretanto, sigue acumulando un pasivo ecológico cuyo cobro llegará –tarde o temprano‒ en forma de agua contaminada, abejas ausentes y tierra que ya no produce.
