La inconformidad por la compensación económica ofrecida para la construcción del gasoducto de Mayakán escaló entre los ejidatarios de Umán, luego de que más de un centenar de comuneros rechazaran firmar el acta de la asamblea en la que se aprobó el pago de recursos relacionados con el proyecto.
El presidente de la mesa de debates, Luis Enrique Pech Pech, informó que impugnará el documento e incluso promoverá acciones legales al considerar que el acuerdo carece de validez, debido a que él y más de cien ejidatarios decidieron no suscribir el acta al manifestar su desacuerdo con el monto que finalmente recibirían.
La principal inconformidad radica en que, según los asistentes, inicialmente se había informado que la empresa Mayakán entregaría alrededor de 11 mil pesos a cada ejidatario. Sin embargo, al momento de la asamblea se les notificó que, tras aplicar descuentos por impuestos y otros conceptos, el pago efectivo sería únicamente de 2 mil pesos por persona.
De acuerdo con los inconformes, esa diferencia provocó el rechazo de un amplio grupo de comuneros, quienes abandonaron la reunión antes de concluir el procedimiento y anticiparon que buscarán revertir los acuerdos alcanzados.
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La asamblea comenzó alrededor de las 08:30 horas y concluyó cerca de las 13:00 horas. Al pase de lista acudieron inicialmente 209 ejidatarios, aunque posteriormente se incorporaron más participantes. No obstante, la asistencia estuvo lejos de los aproximadamente 860 integrantes que conforman el núcleo ejidal de Umán.
Pese a la oposición de parte de los asistentes, quienes permanecieron en la reunión aceptaron recibir el recurso ofrecido por la empresa. Según se informó durante la asamblea, los pagos comenzarían a entregarse a partir de las 17:00 horas del mismo día, siempre y cuando los beneficiarios firmaran la documentación correspondiente.
Diferendo que crece
Los ejidatarios que rechazan el acuerdo sostienen que el acta no refleja el consenso del núcleo agrario y argumentan que la negativa de más de un centenar de comuneros para firmarla pone en entredicho la validez del procedimiento. Por ello, adelantaron que recurrirán a las instancias legales competentes para impugnar los resultados de la asamblea.
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También han cuestionado la figura jurídica de servidumbre de paso y han denunciado que no se les ha proporcionado información suficiente sobre los términos del convenio.
El proyecto de Mayakán forma parte de la red de transporte de gas natural que opera en la Península de Yucatán y que abastece a industrias y centrales de generación eléctrica. En este tipo de obras, la ocupación de tierras ejidales requiere la celebración de asambleas y acuerdos con los propietarios sociales conforme a la Ley Agraria, además de establecer compensaciones económicas por el uso de los terrenos.
Esa legislación también prevé mecanismos para impugnar los acuerdos cuando los ejidatarios consideran que existieron irregularidades en el proceso o desacuerdos sobre las condiciones pactadas.
