Los programas de gobierno ya sostienen los ingresos de casi la mitad de los hogares yucatecos. En el 2025, 45.6% de las familias del estado reportó recibir dinero de algún programa gubernamental, frente a 32.5% en 2020 —un salto de 13.1 puntos porcentuales en cinco años—, según los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 que el Inegi dio a conocer este 22 de septiembre.
En conjunto, la proporción de hogares que reciben ingresos de fuentes distintas al trabajo, sumando pensiones, jubilaciones y apoyos familiares, pasó de 46.1% a 53.4 por ciento: más de la mitad de las familias yucatecas ya depende, en algún grado, de dinero que no proviene de un empleo.
De dónde viene el ingreso
Otros indicadores de ingreso del hogar se movieron en la misma dirección: los hogares con integrantes que reciben jubilación o pensión pasaron de 17.0% a 18.9 por ciento. En cambio, cayeron los apoyos que llegan desde fuera del hogar: la proporción de familias que recibía dinero de personas que viven en otra vivienda dentro del país bajó de 8.0% a 4.9%, y la de quienes recibían apoyos desde otro país, de 2.1% a 1.9 por ciento.
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El patrón sugiere que el ingreso extra de los hogares yucatecos depende cada vez más del Estado y cada vez menos de las redes familiares de apoyo mutuo.
Modernización desigual
El fenómeno convive con una modernización desigual de los hogares. Mientras el acceso a internet en las viviendas particulares subió de 55.3% a 79.3% entre el 2020 y el 2025 —el salto más pronunciado entre todos los servicios que mide el Inegi—, el drenaje conectado a la red pública sigue siendo la excepción: apenas 15.3% de las 775.3 mil viviendas particulares habitadas del estado cuenta con esa conexión. La gran mayoría, 80.3%, depende de fosa séptica o tanque séptico, y 4.1% no tiene drenaje de ningún tipo, aunque esta cifra bajó frente al 7.7% registrado en el 2020.
El resto de las condiciones de vivienda mostró avances moderados. El agua entubada se mantuvo estable en 98.7% de las viviendas entre el 2020 y el 2025. El piso de tierra, indicador clásico de marginación, bajó ligeramente de 1.2% a 1.1 por ciento. La disponibilidad de sanitario llegó a 96.6% de las viviendas, aunque 18% de ese grupo depende de agua vertida con cubeta para funcionar, y no de descarga directa; 3.4% de las viviendas del estado sigue sin sanitario.
En electrodomésticos y tecnología, la posesión de refrigerador pasó de 84.1% a 89.4% de los hogares y la de lavadora, de 75.3% a 81.9 por ciento.
El acceso a teléfono celular llegó a 94.2% de las viviendas y el de computadora, laptop o tablet, a 40.7 por ciento. En cambio, la línea telefónica fija retrocedió, de 28.0% a 20.7% de los hogares, desplazada por el celular e internet. El cambio más notable ocurrió en motocicletas o motonetas: pasaron de estar en 24.6% de las viviendas yucatecas a 35.7%, el mayor incremento relativo entre todos los bienes que midió la encuesta.
Más ocupación, misma precariedad
En el mercado laboral, 57 de cada 100 personas de 12 años y más participaba en alguna actividad económica en el 2025, pero la brecha de género es amplia: 72.1% de los hombres se encontraba económicamente activo, frente a 43.8% de las mujeres. La tasa de ocupación llegó a 98.5%, superior al 98.3% del 2020, y el sector Servicios concentró a casi la mitad de la población ocupada, con 48.4 por ciento. Le siguieron Comercio, con 19.2%, y las Actividades industriales, con 13.7 por ciento. Por tipo de ocupación, el mayor grupo de trabajadores yucatecos se dedica a artesanías, construcción y labores de apoyo, con 28.1%, seguido de funcionarias, profesionistas y técnicas, con 24.8 por ciento.
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La precariedad persiste en las condiciones de trabajo. Aunque 69.9% de la población ocupada es asalariada, solo 72.9% de ese grupo cuenta con al menos una prestación laboral. El aguinaldo es la más común, con 70.1%, seguido de vacaciones con goce de sueldo, con 59.5%, y servicio médico, con apenas 55.1 por ciento. Casi uno de cada cuatro trabajadores yucatecos —24.6%— labora por cuenta propia, sin ese tipo de garantías, y la población ocupada laboró entre 40 y 48 horas semanales en 49.5% de los casos.
Movilidad y educación
La movilidad cotidiana también deja huella en las cifras. La mitad de la población ocupada, 50.6%, tarda 30 minutos o menos en llegar a su trabajo, y el automóvil o camioneta es el medio de traslado más usado, con 30.2%, por encima del transporte público colectivo, con 23.9%, y la motocicleta, con 22.8 por ciento. Un 16.0% de la población trabaja en un municipio, demarcación territorial o país distinto al de su residencia.
En el ámbito escolar, 81.5% de los estudiantes llega a clases en 30 minutos o menos, y caminando sigue siendo el modo de traslado más común, con 29.9 por ciento.
En materia educativa, la asistencia escolar mejoró en todos los grupos de edad entre el 2020 y el 2025: de 72.1% a 81.9% entre los niños de 3 a 5 años; de 95.4% a 97.3% entre los de 6 a 14; y de 46.8% a 50.7% entre los jóvenes de 15 a 24 años, el grupo que históricamente registra la mayor deserción escolar en el estado. El analfabetismo entre la población de 15 años y más bajó de 6.1% a 4.4%, y el grado promedio de escolaridad subió de 9.6 a 10.3 años.
Desplazamiento forzado
Detrás de las cifras de vivienda y trabajo, la EIC 2025 añadió un dato que rara vez se documenta con esta precisión: 9,900 hogares yucatecos, con 29,300 personas en conjunto, tuvieron que cambiar de domicilio por la violencia o la inseguridad delictiva entre el 2020 y el 2025. Otros 2,500 hogares, con 8,100 integrantes, se desplazaron por catástrofes naturales o de origen humano.
El Inegi no detalla a qué municipios o regiones corresponden estos desplazamientos, pero confirma, con cifra oficial, un fenómeno que hasta ahora se documentaba sobre todo a través de organizaciones civiles y reportes periodísticos sueltos.
El conjunto de indicadores retrata a un Yucatán donde la conectividad digital avanza más rápido que el drenaje, donde la dependencia de programas sociales crece más rápido que los salarios formales, y donde la violencia empieza a dejar una huella medible en la movilidad forzada de las familias, además de en el empleo y la vivienda.
