Doña Carmen Kantún lleva 61 años viviendo a pocas cuadras del mercado Lucas de Gálvez. Conoce el nombre de cada vecino, el horario en que el panadero pasa con su canasta, el sonido exacto de las campanas de la parroquia los domingos. Pero en los últimos tres años, algo cambió. Un café con letreros en inglés abrió donde estaba la ferretería.
Los departamentos nuevos del otro lado de la calle tienen rejas que no reconoce. Y los hijos de sus vecinos de toda la vida –los que se fueron a rentar a otro lado porque ya no podían pagar el predial– ya no regresan.
Lo que Carmen percibe tiene nombre, tiene cifras y tiene víctimas concretas: Mérida está expulsando a los meridanos.
El número que lo dice todo
Sólo uno de cada cinco yucatecos puede adquirir una vivienda sin comprometer más del 30% de su ingreso mensual. En cualquier parte del mundo, esa proporción es la señal de alerta de una crisis habitacional. En Yucatán, es la fotografía del presente.
El propio Programa de Mediano Plazo de Vivienda 2025-2030 del Gobierno del Estado reconoce que aproximadamente 170,000 familias no tienen vivienda propia, y que las 50,000 acciones proyectadas por la administración estatal no serán suficientes para cubrir la demanda real, particularmente en la zona metropolitana de Mérida.
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El déficit no es de casas en abstracto. Es de casas donde la gente de aquí pueda vivir, cerca de donde trabaja, a un precio que no les consuma el sueldo entero.
El dinero de afuera, los precios de afuera
Mérida registra hoy una renta promedio mensual de 15,000 pesos, impulsada por la llegada de habitantes de otras zonas del país y del extranjero. El salario promedio en Yucatán es de 8,000 pesos mensuales. La aritmética es brutal: en colonias o fraccionamiento como Los Héroes, la renta ya se come el salario completo antes de pagar luz, agua o comida.
Las rentas han aumentado alrededor de 7% anual, por encima de la inflación, encareciendo la vivienda no sólo en el Centro, sino también en el Norte y Sur de la ciudad, y empujando a familias originarias a mudarse a zonas más baratas.
¿Quién lleva ese dinero? La gentrificación en Mérida está siendo impulsada por personas extranjeras –jóvenes, jubilados o adultos mayores– que buscan tranquilidad y precios bajos, lo que transforma la ciudad en función de quienes tienen más poder adquisitivo. Constructoras que anuncian sus fraccionamientos en dólares.
Nómadas digitales que cobran en euros y pagan rentas que para ellos son baratas, pero que para un yucateco representan varios sueldos. Barrios de Santiago y Santa Ana han visto cómo suben las rentas entre 12,000 y 20,000 pesos mensuales, dejando atrás a habitantes con ingresos promedio de 7 mil 390 pesos al mes.
La ciudad que se encarece por zonas
El proceso no es uniforme: avanza como mancha de aceite desde el centro hacia afuera. Las zonas de Mérida donde es más visible este fenómeno son el Centro Histórico, el Paseo de Montejo, los barrios de Santa Lucía, Santiago y Santa Ana, el corredor gastronómico de la calle 47 y las colonias México, Itzimná y García Ginerés.
Zonas como Temozón Norte han visto un aumento del 22% en el valor del suelo entre el 2022 y el 2024. Ningún esquema de vivienda social puede absorber ese ritmo de encarecimiento sin apoyo externo.
Cuando el Norte de la ciudad se satura, la presión se traslada a las comisarías mayas que la rodean. En Chablekal, Temozón Norte y Santa Gertrudis Copó, los testimonios coinciden: el transporte público no da abasto, la crisis vial se incrementa, el precio de la vivienda y los servicios encarecen para las comunidades –pasando de pagar 20 pesos a 10,000 pesos de predial–, y la convivencia entre habitantes originales y nuevos vecinos se tensa.
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Lo que se pierde no sólo es el techo
El desplazamiento no es sólo una transacción inmobiliaria. Es una ruptura de tejido social que tarda generaciones en reconstruirse.
En colonias y comisarías como Santa Gertrudis Copó, los nuevos residentes buscan limitar tradiciones locales como bailes populares o festejos religiosos, argumentando que el ruido molesta. Propietarios de casas de piedra caliza prefieren dejar de rentar a familias para convertir las viviendas en locales comerciales con rentas más altas.
En las comisarías reporteadas, los nuevos habitantes reclaman por el ruido de los fuegos artificiales y las fiestas. “Nos decían que hay mucho ruido, que no deberíamos reventar voladores porque estamos asustando a sus animales”, cuentan los habitantes originales. El pueblo, literalmente, está siendo silenciado.
La especulación inmobiliaria ha generado “ciudades dormitorio” donde las familias desplazadas terminan viviendo a las afueras, sin acceso a transporte adecuado ni a servicios básicos. Se van lejos del trabajo, lejos de la escuela de los hijos, lejos de la red de vecinos que les cuidaba a los niños cuando tenían que hacer horas extra.
Lo que falta
Yucatán creció 18.7% entre el 2010 y el 2020. Este crecimiento poblacional sostenido, la migración interna y el encarecimiento del suelo han generado una brecha entre oferta disponible y accesibilidad real.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mérida advierte que la solución no puede depender sólo del mercado: se necesitan reservas territoriales a precio regulado, densificación normativa y agilización de trámites.
Los especialistas coinciden en que Mérida carece de políticas efectivas para frenar la gentrificación: no hay regulación de plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb, ni mecanismos para redistribuir el suelo.
“Eso ya es un hotel horizontal”, dice la investigadora Graciela Carrillo, del Centro de Investigación, Docencia y Análisis de Política Pública, al referirse a los bloques de departamentos que se arriendan por noche y que retiran vivienda permanente del mercado.
Mientras tanto, doña Carmen sigue en su casa. Por ahora. Pero sus hijos ya saben que cuando llegue el momento de independizarse, tendrán que buscar lejos. Muy lejos del mercado, de las campanas y del nombre de cada vecino que ella todavía conoce.
