En Yucatán, las cárceles no están rebasadas. No hay hacinamiento crónico ni motines que marquen la agenda pública. Pero el silencio estadístico no equivale necesariamente a plenitud institucional.
Detrás de los muros, el sistema penitenciario estatal exhibe una paradoja: dispone de espacio suficiente, aunque enfrenta carencias estructurales que impactan la atención médica, la custodia y los procesos de reinserción social.
Al cierre del 2025, la entidad contaba con cinco centros penitenciarios y especializados, con una capacidad instalada de 3,194 espacios. La tasa de ocupación promedio fue de 57.8 personas privadas de la libertad por cada 100 lugares disponibles, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra contrasta con la media nacional, que se ubicó en 102.9 por cada 100 espacios, reflejo del hacinamiento que padecen otras entidades del país.
El dato coloca a Yucatán en una posición atípica: lejos de los extremos de sobrepoblación que enfrentan entidades como el Estado de México o Nayarit, pero también lejos de poder afirmar que su sistema funciona sin fisuras.
En el femenil: capacidad ociosa, servicios limitados
El caso más ilustrativo es el del Centro de Reinserción Social Femenil de Mérida. Con capacidad para 100 internas, actualmente alberga a 28 mujeres sentenciadas. Opera al 28% de ocupación.
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La baja densidad ha permitido condiciones materiales relativamente estables: dormitorios individuales, ausencia de riñas o motines durante el 2025 y un ambiente interno sin reportes de homicidios, suicidios o fugas. Sin embargo, una supervisión realizada en septiembre de ese año por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) identificó áreas críticas.
El centro no cuenta con atención médica presencial las 24 horas. Los servicios generales, psicológicos, odontológicos y ginecológicos se brindan únicamente en horario matutino de lunes a viernes. Fuera de ese lapso, la orientación es telefónica y, ante emergencias, se gestiona el traslado a hospitales públicos.
La Codhey recomendó ampliar la cobertura, incorporar especialistas en psiquiatría y criminología y garantizar seguimiento continuo para internas con padecimientos crónicos o trastornos de salud mental.
El personal de custodia también es limitado: ocho elementos por turno bajo un esquema de 24 horas de trabajo por 24 de descanso. En días de visita, personal de trabajo social o del área jurídica debe reforzar tareas de vigilancia. No se trata de un colapso operativo, pero sí de un margen estrecho.
Entre las 28 mujeres privadas de la libertad predominan los delitos del fuero común; cuatro enfrentan condenas por delitos federales. Homicidio y delitos contra la salud figuran entre las causas más frecuentes. El centro alberga además a una persona adulta mayor, cinco integrantes de la diversidad sexual, dos mujeres mayahablantes y dos en tratamiento por adicciones. Existen intérpretes cuando se requieren y ajustes razonables para movilidad, aunque el reglamento interno necesita actualización.
Reinserción: entre talleres y restricciones
La reinserción social –mandato constitucional del sistema penitenciario– avanza a ritmo desigual. En el penal femenil, seis internas cursan primaria y dos secundaria; se realizan gestiones para abrir el nivel medio superior.
En el ámbito laboral se imparten talleres de urdido de hamacas, bordado, bisutería, macramé y elaboración de artículos artesanales. No obstante, no existe un salario fijo garantizado. Los ingresos dependen de ventas eventuales y, en muchos casos, los materiales provienen de donaciones o aportaciones familiares. La capacitación existe; el modelo productivo aún no se consolida.
El delito que más encarcela
El Inegi reportó que en 2024 ingresaron 1,189 personas a los centros penitenciarios y al especializado en Yucatán: 9.3% mujeres y 90.7% hombres. En conjunto, cometieron 1,537 delitos.
El robo encabeza la estadística tanto en mujeres como en hombres. Entre ellas, representó el 22% de los ilícitos; en ellos, 16.3%. Le siguen los delitos contra la salud –vinculados principalmente con narcomenudeo– y, en el caso masculino, la violencia familiar, que alcanza el 11%.
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Prisión preventiva: la antesala sin sentencia
Otro indicador relevante es la situación jurídica de quienes aún no han recibido condena. En los centros estatales de Yucatán, el 60.5% de las personas adultas sin sentencia se encontraba en prisión preventiva justificada y el 39.5% en prisión preventiva oficiosa.
Entre las mujeres sin sentencia, 67.5% estaba bajo prisión preventiva justificada. En hombres, 60.1%. Son personas que aún no tienen resolución definitiva, pero ya enfrentan los efectos del encierro.
Recursos y estructura
El presupuesto ejercido en el 2024 para los centros penitenciarios estatales ascendió a 278 millones de pesos. El personal adscrito se compone de 41.9% mujeres y 58.1% hombres.
En términos comparativos, el sistema penitenciario nacional se integra por 325 centros con 230,168 espacios. La sobreocupación en centros estatales alcanza 107 personas por cada 100 lugares disponibles, una presión que Yucatán no experimenta.
Pero la ausencia de hacinamiento no elimina los retos. La consolidación de atención médica permanente, el fortalecimiento de custodios, la actualización normativa y la profesionalización de programas productivos son pendientes señalados por organismos de supervisión.
En Yucatán, el sistema penitenciario no está desbordado. Está, más bien, en un punto intermedio: con espacio suficiente, estabilidad interna y cifras moderadas, pero con áreas críticas que definirán si la reinserción es un objetivo tangible o sólo una aspiración escrita en la ley.
