El Gobierno del Estado informó que concluyó el retiro total de cerdos de la granja porcícola ubicada en la comisaría de Santa María Chí, en el municipio de Mérida, como parte de las acciones para atender una problemática ambiental y social que durante años generó inconformidad entre habitantes de la zona.
La medida fue realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, quienes participaron en los trabajos de supervisión y seguimiento del caso.
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De acuerdo con la administración estatal, este avance forma parte de una estrategia para fortalecer la regulación de la actividad porcícola en Yucatán y garantizar la protección del medio ambiente.
En ese contexto, se recordó que en febrero pasado la SDS, la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmaron un Convenio Específico de Coordinación enfocado en mejorar la evaluación del impacto ambiental de las unidades de producción porcícola en el estado.
Según lo informado, este acuerdo busca establecer mecanismos de coordinación técnica entre autoridades estatales y federales especializadas, con el objetivo de supervisar los efectos ambientales derivados de la operación de granjas porcícolas y proteger el derecho de la población a un medio ambiente sano.
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La SDS detalló que, como parte de las acciones implementadas en el caso de Santa María Chí, se llevaron a cabo procedimientos de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental. Asimismo, se aplicaron medidas correctivas y de urgente aplicación, además de sanciones administrativas por irregularidades relacionadas con el manejo de residuos.
La dependencia estatal agregó que también se implementaron medidas de seguridad para garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales y mitigar posibles daños ambientales ocasionados por la operación de la granja.
Por su parte, el Gobierno del Estado señaló que se mantuvo una coordinación permanente con autoridades federales y municipales para dar seguimiento al cese de actividades de la granja porcícola y supervisar las acciones relacionadas con la atención de los impactos ambientales en la comunidad.
