En medio de un debate que polarizó al Congreso estatal, la mayoría de Morena y Partido del Trabajo aprobó una amplia reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) que, según PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, abre la puerta a la intervención política directa sobre un organismo creado precisamente para operar con autonomía técnica y presupuestal.
La iniciativa impulsada por el gobernador Joaquín Díaz Mena crea una Junta Directiva de cinco integrantes –tres designados por el Poder Ejecutivo y dos por el Legislativo– que tendrá facultades de conducción sobre la Agencia de Transporte, actualmente encabezada por Jacinto Sosa Novelo.
El cambio detonó acusaciones de “centralización”, “politización” y posibles violaciones a la Constitución local, particularmente al artículo 73 Ter, que reconoce a la ATY como un organismo autónomo.
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El trasfondo
Morena defendió la reforma argumentando que el sistema heredó problemas estructurales severos. El diputado morenista Alejandro Cuevas aseguró que la administración anterior ocultó el verdadero estado financiero del sistema Va y Ven y dejó contratos desfavorables para el estado.
“Los ingresos no daban para pagar los gastos mientras las arcas públicas se vaciaban”, afirmó el legislador, quien habló de rutas mal distribuidas, recorridos sin pasajeros y acuerdos que calificó como “leoninos”.
En el mismo sentido, el diputado petista Francisco Rosas Villavicencio argumentó que las reformas buscan corregir un modelo financiero que, según dijo, comprometía el futuro del transporte público estatal.
Entre los cambios defendidos por Morena y PT también figuran modificaciones al esquema de pago a concesionarios, ajustes administrativos y nuevas disposiciones para taxis y plataformas digitales.
La narrativa sostiene que el objetivo es recuperar la viabilidad económica del sistema y garantizar que el transporte funcione bajo criterios de servicio público y no únicamente de rentabilidad privada.
Oposición ve peligros
Desde tribuna, legisladores opositores advirtieron que la reforma modifica de fondo el diseño institucional del sistema de movilidad y coloca un órgano político por encima del titular de la Agencia.
El priista Gaspar Quintal criticó que la reforma avanzara sin un parlamento abierto y sin escuchar a especialistas, usuarios, concesionarios o al propio titular de la Agencia.
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Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Javier Osante, sostuvo que las modificaciones representan una intervención directa sobre la naturaleza autónoma de la ATY.
La reforma ocurre en uno de los momentos más delicados para el sistema de transporte Va y Ven, proyecto insignia de movilidad impulsado en la pasada administración estatal y que actualmente enfrenta cuestionamientos financieros, reclamos de concesionarios y presiones presupuestales crecientes.
Reforma en medio de tensión política
La discusión legislativa avanzó a gran velocidad. En apenas unos días, las comisiones unidas dictaminaron modificaciones a más de 70 artículos, situación que fue cuestionada por la oposición.
La reforma se convirtió rápidamente en uno de los debates políticos más tensos del actual periodo legislativo porque toca uno de los proyectos más visibles y costosos de movilidad en Yucatán.
El sistema Va y Ven transformó buena parte del transporte urbano en Mérida mediante nuevas rutas, autobuses eléctricos, unidades climatizadas y tecnología de pago digital; sin embargo, también generó fuertes subsidios estatales y presiones financieras que el actual gobierno ha señalado públicamente desde el inicio de la administración.
De acuerdo con reportes oficiales recientes, la ATY reconoció adeudos no registrados, desequilibrios operativos y deficiencias en la planeación de rutas heredadas del modelo anterior.
Legisladores de oposición dejaron abierta la posibilidad de impugnar la reforma bajo argumentos de inconstitucionalidad, al considerar que una ley secundaria no puede limitar la autonomía otorgada directamente por la Constitución estatal.
