Con una población cercana a mil 700 personas privadas de la libertad, el Centro de Reinserción Social de Mérida mantiene su apuesta por un modelo enfocado en la reeducación y reinserción social, afirmó el actual director del penal Antonio Manuel González Cetina.
El funcionario señaló que actualmente el Cereso alberga alrededor de mil 600 hombres y poco menos de 100 mujeres, a quienes -aseguró- se busca brindar atención integral para facilitar su reintegración a la sociedad, alejándose de una visión meramente punitiva del sistema penitenciario.
“Mi trabajo es darles una reeducación. Ya les expliqué que esto dejó de ser cárcel, dejó de ser prisión, dejó de ser centro de adaptación porque de nada sirve que aquí se porten muy bien y salgan y sigan fregando gente. Es un centro de reinserción”, expresó.
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Indicó que, desde su llegada a la dirección, ha mantenido cercanía con la población interna para reforzar los programas de reinserción y fomentar cambios de conducta duraderos.
“Cuando salen libres, ahí van a presentar su examen. Si aprueban, seguro se van a quedar en esa sociedad, pero si no aprueban, lógicamente me los van a volver a traer porque van a volver a delinquir”, comentó.
Cumplimiento de normas
El director reconoció que los ejes de reinserción ya existían desde administraciones anteriores, aunque afirmó que actualmente se busca fortalecerlos bajo una visión más enfocada en la reeducación y en el cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En cuanto a la situación jurídica de las personas internas, explicó que cerca de 800 permanecen bajo el principio de presunción de inocencia, es decir, aún no reciben sentencia definitiva mientras continúan sus procesos legales.
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Una medida controvertida
La prisión preventiva oficiosa es una figura legal que implica el encarcelamiento automático de una persona acusada de ciertos delitos considerados graves, mientras se desarrolla su proceso.
En México, este mecanismo ha sido objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional, debido a su impacto en el derecho a la presunción de inocencia.
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas instancias internacionales han señalado que su uso extendido puede derivar en la saturación de los centros penitenciarios, así como en la permanencia prolongada de personas que aún no han sido declaradas culpables (o inocentes).
Respecto a los recientes operativos de seguridad realizados por fuerzas estatales y federales dentro del penal, aseguró que éstos se desarrollaron sin incidentes mayores. “Bastante bien, no hay algo de qué alarmarse”, sostuvo.
Casos bajo investigación
Finalmente, señaló que los delitos por los cuales ingresan las personas al Cereso son diversos y, en muchos casos, continúan bajo investigación, por lo que evitó profundizar en casos específicos y reiteró que corresponde a las autoridades judiciales determinar responsabilidades conforme a derecho.
La actual administración del Cereso mantiene la línea de trabajo impulsada por el fallecido exdirector Francisco Javier Brito Herrera, quien promovió durante su gestión un enfoque centrado en la reinserción social y las actividades de formación dentro del sistema penitenciario yucateco.
