Después de casi cinco años de litigio, habitantes de la colonia San Damián obtuvieron una resolución definitiva a su favor en la disputa por la instalación de una red de distribución de gas natural en la zona. Un Tribunal Colegiado confirmó las sentencias de amparo promovidas por vecinos y determinó que cualquier intento de reactivar el proyecto deberá estar precedido por procesos de información y participación ciudadana.
La decisión judicial deja sin efectos los permisos que permitían desarrollar la obra impulsada por la empresa Tractebel GNP y mantiene suspendidos los trabajos hasta que las autoridades competentes cumplan con los mecanismos de consulta ordenados por los tribunales.
Integrantes del colectivo Defensores de San Damián calificaron la resolución como una victoria ciudadana que reconoce el derecho de las comunidades a conocer, analizar y participar en las decisiones relacionadas con proyectos que pueden impactar directamente su entorno.
Noticia Destacada
Ocho de cada 10 hogares en Yucatán cuentan con internet; persiste brecha digital en comunidades rurales
Durante una conferencia de prensa, Miguel Anguas, integrante de Kanan Derechos Humanos, explicó que el proceso legal tuvo sus primeros resultados favorables en 2022 y 2023, cuando jueces federales resolvieron que las autoridades debían detener el proyecto y generar espacios de información pública para que los habitantes conocieran sus alcances, características y posibles riesgos.
Sin embargo, tanto la empresa involucrada como algunas autoridades promovieron recursos legales para intentar revertir esas resoluciones, lo que llevó el caso a una instancia superior.
La revisión concluyó en mayo de este año con una sentencia firme que confirmó los criterios establecidos previamente por los juzgados federales.
“Hoy existe una sentencia firme que deja sin efecto los permisos para implementar el proyecto y obliga a desarrollar un proceso de participación pública”, señaló Anguas.
Años de litigio
El origen de la controversia se remonta a 2021, cuando vecinos detectaron excavaciones y trabajos de construcción en diversas calles de la colonia sin que existiera información clara sobre la naturaleza de la obra.
Rocío Borges recordó que durante semanas los habitantes intentaron obtener explicaciones, pero recibieron versiones distintas sobre el proyecto.
Noticia Destacada
Avanzan proyectos estratégicos para Yucatán; inversiones por 142 mil mdp y 79 mil empleos impulsan logística, industria y energía
“Preguntábamos y nos daban respuestas diferentes. Algunos decían que era agua potable, otros que era electricidad. Investigando descubrimos que se trataba de un proyecto para instalar gas natural”, relató.
A partir de ese momento, cerca de un centenar de vecinos comenzó a organizarse para solicitar información oficial, analizar la documentación disponible y emprender acciones legales para detener los trabajos.
Durante el litigio también señalaron presuntas inconsistencias entre los permisos otorgados y las obras ejecutadas en campo, además de cuestionar la supervisión de las autoridades encargadas de regular este tipo de proyectos de infraestructura urbana.
Para los integrantes del movimiento vecinal, el caso de San Damián refleja una problemática recurrente en el crecimiento urbano de Mérida: el inicio de obras sin que las comunidades involucradas reciban información suficiente sobre sus alcances o posibles afectaciones.
Por ello, consideran que la resolución judicial podría convertirse en un precedente relevante para otras colonias donde han surgido inquietudes por proyectos similares, entre ellas Gran Calzada, Pensiones y Francisco de Montejo.
Exigen acatar resolución
Los habitantes hicieron un llamado a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida para que acate la resolución judicial y ponga en marcha los mecanismos de información y participación ciudadana ordenados por los tribunales.
Aseguraron que más allá del resultado específico sobre el proyecto de gas natural, la sentencia fortalece el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones que impactan la vida cotidiana de sus comunidades y refuerza la obligación de las autoridades de garantizar procesos transparentes antes de autorizar obras de gran alcance.
“Lo que demuestra este caso es que la ciudadanía puede organizarse y exigir que se respeten sus derechos”, concluyeron los vecinos.
