Más de 370 mil viajes diarios podrían quedar en riesgo si no se destraba en los próximos días un adeudo de 189 millones de pesos que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) mantiene con los concesionarios del Circuito Metropolitano, quienes advirtieron que la falta de recursos ya compromete la operación de decenas de rutas y amenaza con paralizar buena parte del sistema de transporte público urbano.
La advertencia fue hecha por el consejero de la Unión de Camioneros de Yucatán (UCY), Raymundo Vargas León, tras sostener una reunión con el subsecretario de Gobierno, Pablo Castro, en la que expusieron la situación financiera que enfrentan los 14 concesionarios que participan en la operación del sistema.
El empresario explicó que las empresas acumulan 45 días sin recibir los pagos correspondientes, lo cual ha provocado una presión financiera cada vez más difícil de sostener y pone en riesgo la continuidad de 80 de las 105 rutas que integran el Circuito Metropolitano.
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Aunque la UCY continúa operando con recursos propios para evitar afectaciones a los usuarios, Vargas León reconoció que esta semana será decisiva para determinar la viabilidad del servicio.
De no concretarse una solución, la falta de liquidez impediría cubrir los gastos indispensables para la operación cotidiana, como la adquisición de refacciones, el pago a proveedores y la compra de combustible, que ha registrado aumentos en los últimos meses.
Bajo presión
El dirigente señaló que la falta de recursos ya comenzó a reflejarse en diversas áreas operativas. Entre ellas el retraso en el mantenimiento de unidades destinadas a la reserva técnica, varias de las cuales permanecen en talleres sin posibilidad de reincorporarse al servicio, así como la acumulación de compromisos financieros necesarios para mantener en funcionamiento la flotilla.
Respecto al esquema de pago por kilometraje, indicó que los concesionarios continúan analizando las recientes modificaciones legales relacionadas con el pago por kilómetros garantizados. El tema, indicó, se encuentra en revisión por parte de sus equipos jurídicos, quienes prevén presentar en los próximos días una postura sobre los alcances de estas disposiciones y las posibles vías para resolver el conflicto.
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Vargas León advirtió que, de mantenerse el retraso en los pagos, las consecuencias podrían extenderse rápidamente a los usuarios. Según estimaciones de los concesionarios, alrededor de 550 unidades corren el riesgo de dejar de operar, lo que afectaría la movilidad cotidiana de miles de personas que dependen del transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades diarias.
Ante este escenario, los empresarios transportistas solicitaron la intervención directa del Gobierno del Estado para alcanzar una solución inmediata que permita garantizar la continuidad del servicio y evitar una afectación masiva a la población usuaria.
