Un grupo de ejidatarios de Umán promoverá un recurso de impugnación contra la asamblea en la que se aprobó recibir el pago por el derecho de paso de un gasoducto de la empresa Mayakán, al considerar que fueron engañados con las cantidades ofrecidas y que existe opacidad sobre el destino de decenas de millones de pesos destinados al proyecto.
Luis Enrique Pech, quien encabezó la mesa de debates durante la asamblea y representa a un grupo de aproximadamente 150 comuneros inconformes, informó que acudirán ante las autoridades agrarias para solicitar la nulidad del acta aprobada el pasado miércoles, para exigir una revisión de los recursos económicos comprometidos por la citada empresa.
Explicó que el conflicto inició hace dos meses, cuando los ejidatarios fueron informados sobre la intención de instalar un gasoducto en terrenos de uso común del ejido, principalmente en la zona de la carretera a Bolón. Sin embargo, aseguró que las constantes modificaciones en los montos ofrecidos y la falta de transparencia en los contratos provocaron el rechazo de un sector de los comuneros.
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El proyecto de Mayakán forma parte de la red de transporte de gas natural que opera en la Península de Yucatán y que abastece a industrias y centrales de generación eléctrica. En este tipo de obras, la ocupación de tierras ejidales requiere la celebración de asambleas y acuerdos con los propietarios sociales conforme a la Ley Agraria, además de establecer compensaciones económicas por el uso de los terrenos.
Cambian el monto de las indemnizaciones
De acuerdo con Pech, en un principio Mayakán informó que destinaría 82 millones de pesos para el usufructo de las tierras ejidales; posteriormente, la cifra fue reducida a 72 millones de pesos, sin que hasta el momento exista una explicación clara del porqué la diferencia de 10 millones de pesos.
La inconformidad se intensificó durante la asamblea del pasado miércoles, cuando representantes de la empresa informaron que sólo entregarían dos mil pesos de manera inmediata a cada ejidatario que firmaa el acta, con la promesa de pagar posteriormente entre 11 mil y 13 mil pesos adicionales, aunque sin precisar una fecha para hacerlo.
A ello se sumó el retraso en la entrega del dinero, ya que el pago estaba previsto para ese mismo miércoles, pero se pospuso hasta las 13:00 horas de ayer, debido a que, según los inconformes, la empresa no le notificó con la anticipación requerida a la institución bancaria para disponer del efectivo.
“No permitiré que les den atole con el dedo a las personas que acudieron a la asamblea, muchas de ellas hasta en sillas de ruedas, con muletas o bastones, y que al final sólo les entreguen dos mil de los 11 mil pesos que originalmente les ofrecieron”, manifestó Luis Enrique Pech.
El representante del grupo inconforme señaló que quienes se negaron a firmar el acta presentarán un recurso de impugnación ante las autoridades agrarias con el propósito de declarar inválidos los acuerdos tomados durante la asamblea.
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Principales exigencias
Entre las principales exigencias del grupo en discordia se encuentran: la nulidad del acta de la asamblea celebrada el pasado miércoles; la transparencia sobre el destino de los 82 millones de pesos que, según la empresa, estaban destinados al pago por el derecho de paso (paso de servidumbre), y la revisión de los contratos presentados por la empresa a los ejidatarios.
Asimismo, denunció que la documentación exhibida durante la reunión contenía cláusulas redactadas con letras chiquitas y en términos difíciles de comprender para la mayoría de los comuneros.
Finalmente, precisó que los ejidatarios que firmaron el acta y aceptaron el pago inicial de dos mil pesos no podrán sumarse al procedimiento de impugnación. En contraste, el grupo inconforme reiteró que no suscribirá ningún documento mientras la empresa no garantice un pago único, transparente y conforme a los montos originalmente ofrecidos.
