Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual exigieron al Congreso de Yucatán eliminar del Código Penal el delito de “Peligro de Contagio”, al considerar que criminaliza y estigmatiza a las personas que viven con VIH. La petición fue respaldada por el Comité Estatal de la Diversidad Sexual (Cedisex) Yucatán, el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido de la Codhey y el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán (Cepredey).
Las organizaciones advirtieron que Yucatán se ha mantenido entre los tres estados con mayor tasa de nuevos diagnósticos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que urgieron a adecuar las políticas públicas y el marco jurídico estatal a esta realidad, con un enfoque de salud pública y derechos humanos.
Cedisex sostuvo que el uso del derecho penal no contribuye a reducir las nuevas infecciones y, por el contrario, puede generar temor y alejar a las personas de los servicios de detección, tratamiento y atención integral.
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Por ello, pidió a los diputados de la LXIV Legislatura desahogar y aprobar la iniciativa que plantea eliminar este delito, además de modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado.
Expresiones estigmatizantes
Las organizaciones también manifestaron preocupación por las expresiones que calificaron como estigmatizantes, serofóbicas y LGBTfóbicas que han surgido alrededor de la propuesta, y señalaron que la discusión legislativa debe sustentarse en evidencia científica y no en prejuicios.
El posicionamiento plantea que la respuesta al VIH debe privilegiar herramientas de prevención, educación, diagnóstico oportuno, tratamiento y acceso a medicamentos como la PrEP, PEP y DoxyPEP, así como garantizar la confidencialidad de las personas usuarias de los servicios de salud.
Entre las reformas propuestas también se contempla actualizar el lenguaje utilizado en la legislación para sustituir términos considerados estigmatizantes, como “padecen” por “personas que viven con VIH” y cambiar la expresión “métodos de transmisión” por “vías de transmisión”.
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Asimismo, se plantea evitar la confusión entre el VIH y la etapa avanzada de la enfermedad asociada al virus, además de prohibir las pruebas obligatorias de VIH en ámbitos laborales y académicos y fortalecer la protección de la privacidad y confidencialidad.
Las organizaciones pidieron también supervisar a los servicios funerarios para evitar cobros excesivos derivados de prejuicios relacionados con el VIH y garantizar el acceso universal a tratamiento y medidas de prevención.
Cedisex reconoció como positivo el acercamiento del Gobierno estatal al tema, particularmente la visita pública al Wellness Center, centro especializado en atención de VIH en Mérida.
