La defensa del agua, el territorio y los recursos naturales continúa desarrollándose en un entorno de riesgo en México, mientras Yucatán mantiene abiertos conflictos ambientales que en años recientes han derivado en agresiones contra comunidades y personas defensoras.
Durante el 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente en el país, un aumento frente a los 94 eventos y 236 agresiones registrados en el 2024.
El incremento convirtió al 2025 en uno de los años con mayor número de ataques documentados durante la última década.
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Aunque las agresiones letales bajaron de 25 víctimas en el 2024 a 10 en el 2025, Cemda advierte que la reducción no significa que exista un entorno seguro para quienes protegen el agua, los bosques, la biodiversidad y sus comunidades.
Yucatán, antecedente por granjas porcícolas
El nuevo informe adquiere relevancia para Yucatán por los antecedentes recientes relacionados con las granjas porcícolas.
En el 2024, este tipo de proyectos estuvo entre los que concentraron mayor número de agresiones contra defensores ambientales en México. Cemda documentó conflictos vinculados con granjas de cerdos en Yucatán, Puebla y Veracruz.
Ese año, las granjas porcícolas aparecieron entre los proyectos con más eventos de agresión registrados por la organización.
Para el 2025, Cemda no reportó específicamente nuevos casos vinculados con este sector en Yucatán. Sin embargo, la propia organización advierte que la ausencia de registros no significa necesariamente que no hayan ocurrido agresiones.
El organismo reconoce que existe un subregistro porque algunos ataques no llegan a denunciarse, no reciben cobertura periodística o son registrados como delitos comunes sin establecer su posible relación con la defensa del territorio.
Por ello, la falta de casos documentados en Yucatán durante el 2025 no permite afirmar que hayan desaparecido los riesgos asociados con los conflictos ambientales.
El agua acumula disputas
A nivel nacional, la defensa del agua estuvo entre las principales causas de los ataques registrados durante el 2025. El sector hídrico concentró 29 eventos, mientras que al clasificar los casos por el recurso que las comunidades buscaban proteger, el agua apareció en 59, por encima del territorio y el suelo.
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Esto cobra particular importancia para la Península de Yucatán, donde organizaciones y comunidades han mantenido disputas relacionadas con contaminación del acuífero, agricultura industrial, granjas porcícolas y otros proyectos que ejercen presión sobre el agua subterránea.
Cemda mantiene además trabajo activo en la región y ha advertido sobre riesgos de contaminación del agua en comunidades mayas de la Península por actividades agroindustriales.
Uno de los datos más relevantes del informe es la participación de autoridades en 76 de los 135 eventos documentados durante el 2025, equivalente a 56.2% del total.
Dentro de esta categoría aparecen autoridades federales, estatales y municipales, además de policías y fiscalías. La delincuencia organizada fue identificada como el segundo tipo de agresor con mayor número de registros.
Las agresiones más recurrentes fueron la estigmatización, intimidación y difamación, que en conjunto concentraron 53.8% de los ataques específicos registrados durante el año.
Mujeres, más expuestas
El informe también muestra un incremento de la violencia contra mujeres dedicadas a la defensa ambiental.
El Centro identificó 89 mujeres víctimas durante el 2025, frente a 55 el año anterior.
Las agresiones incluyeron intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, estigmatización y violencia relacionada con género.
También permanecen entre los grupos más vulnerables las comunidades indígenas, cuya defensa del territorio suele enfrentar proyectos públicos y privados vinculados con extracción de recursos, infraestructura y transformación del suelo.
La amenaza no desaparece
El organismo sostiene que proteger a las personas defensoras requiere más que reaccionar después de una amenaza o ataque.
Entre las medidas planteadas están prevenir agresiones, reducir la impunidad, garantizar acceso a información y participación comunitaria y reconocer la legitimidad de quienes defienden los recursos naturales.
Para Yucatán, el dato central no es que en el 2025 hayan desaparecido los conflictos vinculados con granjas porcícolas, sino que dejaron de aparecer en el registro específico del informe después de haber figurado entre los principales focos de agresión en el 2024.
El propio Cemda advierte que sus registros no abarcan necesariamente todos los hechos ocurridos, por lo que la ausencia de casos documentados debe interpretarse con cautela.
