En un cambio histórico, el Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, permitiendo que trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras empresas paraestatales puedan portar armas para proteger sus instalaciones y personal.
La medida surge en respuesta a la creciente inseguridad en áreas estratégicas como la Sonda de Campeche, donde piratas modernos han perpetrado robos y ataques contra plataformas petroleras, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.
Un blindaje para la seguridad en altamar
Hasta ahora, los trabajadores de Pemex en plataformas marinas se encontraban desarmados, enfrentando bandas delictivas sin herramientas de defensa. Con la nueva legislación, podrán acceder a licencias de portación de armas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además, la reforma endurece las sanciones por tráfico ilegal de armas y explosivos, imponiendo penas de hasta 50 años de prisión para quienes fabriquen o usen artefactos explosivos improvisados, como drones explosivos o bombas caseras.
Reacciones y expectativas
La iniciativa, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca fortalecer la protección de instalaciones estratégicas y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Funcionarios de Pemex han celebrado la decisión, destacando que los ataques en altamar han ido en aumento, afectando la producción y poniendo en riesgo la vida de cientos de empleados.
Por su parte, expertos en seguridad han señalado que, si bien la medida representa un avance, será crucial establecer protocolos claros para el uso de armas, evitando abusos y garantizando que su implementación se enfoque exclusivamente en la defensa.
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Un nuevo capítulo en la seguridad energética
Con estas reformas, el Estado busca blindar zonas clave del país y ofrecer herramientas legales para que instituciones como Pemex y CFE puedan defenderse ante el crimen organizado, especialmente en regiones donde la presencia de autoridades es limitada y los ataques a personal técnico y operativo se han vuelto cada vez más frecuentes.
La reforma ahora deberá ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marcando un antes y un después en la seguridad de los trabajadores del sector energético.
JGH
