Un total de 500 sacos de carbón vegetal son producidos y transportados semanalmente hacia otras entidades de la República Mexicana, provenientes de la zona conocida como Las Quemadas, ubicada en la Tercera Ampliación Forestal de Pomuch, sin que autoridad alguna logre controlar la creciente deforestación en estos terrenos, los cuales se ubican cerca de la jurisdicción del municipio de Candelaria.
Ante esta problemática, pobladores solicitaron la intervención urgente de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) o la Marina, para evitar que continúe la explotación indiscriminada de la selva.
El campesino Eduardo Uitz Góngora junto con el comisario ejidal Pedro Yam Poot denunciaron que las autoridades ambientales están plenamente enteradas de la situación, pero no han tomado acciones para detener el tráfico de madera y carbón vegetal, delitos que afirmaron “están a la orden del día”.
Influyentes
Señalaron que quemar la selva para producir carbón representa la tala de una gran cantidad de árboles, y acusaron a grupos de “mafiosos” con influencia en el poder de estar detrás de esta actividad ilegal.
Ambos representantes ejidales expresaron que no es la primera vez que ocurre esta práctica de quema intensiva en la Tercera Ampliación Forestal, y que los campesinos han considerado alternativas para frenar el saqueo de sus tierras.
Impunes
El comisario explicó que una posible solución sería incrementar las hectáreas integradas al programa de “Pago por Servicios Ambientales”, lo cual permitiría contar con vigilancia permanente y así detener la explotación de las reservas naturales, algunas con más de 80 años de existencia; sin embargo, indicó que ningún ejidatario ha querido acudir directamente a la zona por temor a represalias.
Ambos mencionaron que “es preocupante ver cómo cada semana se sacan al menos 500 costales de carbón sin ninguna restricción, los tráileres están listos y parten con total tranquilidad”, por lo cual advirtieron que podrían interponer una nueva denuncia, aunque temen que tampoco tenga efecto.
Los denunciantes acusaron que los invasores derriban todo tipo de árboles, incluidos ejemplares preciosos, y que la deforestación contribuye al calor extremo que afecta a la región.
Colusión
Por último, exigieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cumpla con su deber como dependencia ambiental, aunque lamentaron que hasta ahora parezca estar coludida o simplemente omisa ante esta grave situación ambiental, pues no se ha visto ninguna acción de su parte.
