La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) inició de oficio una investigación por el caso de presunta tortura cometido en un anexo clandestino de Xpujil, Calakmul, donde un padre e hijo denunciaron haber sido privados de su libertad y violentados físicamente; el organismo urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a acelerar las diligencias para evitar la pérdida de pruebas y la impunidad.
Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Codhecam, confirmó que tras conocerse la denuncia pública de Juan y Apolinar Pérez, el organismo tomó contacto con la Secretaría de Salud (SSA) para verificar la legalidad del centro; la SSA, mediante su programa de Salud Mental, confirmó que el anexo es completamente irregular y nunca se acercó a regularizarse conforme a los estándares normativos.
“Nos llamó la atención que, la relación con que contamos de las diversas autoridades, estatales y municipales, no nos arrojaba información de la existencia de ese centro”, aclaró.
Añadió que, ante la gravedad de los hechos, la Codhecam pidió a la FGE que investigue si se configura el delito de tortura y que se inicie una carpeta formal; además, se realizaron valoraciones médicas a las víctimas para preservar evidencia y garantizar atención especializada.
Rodríguez Mejía subrayó que, aunque la mediatización del caso ha obligado a las autoridades a actuar, es urgente dar celeridad a la investigación.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia del Congreso estatal, Jorge Pérez Falconi, se sumó al llamado para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
“Es fundamental que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. La tortura es un delito grave que viola los derechos humanos y la dignidad de las personas, y es importante que se tomen medidas para prevenir y sancionar este tipo de actos”, dijo.
El legislador también pidió la intervención de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), debido a que no es el primer caso de denuncias por violencia en anexos supuestamente dedicados a la rehabilitación de personas con adicciones.
De acuerdo con la denuncia pública, Juan y Apolinar Pérez fueron sacados violentamente de su domicilio y trasladados contra su voluntad al centro, donde recibieron tortura eléctrica, golpes con tablas y otros tratos crueles; los afectados han solicitado justicia, reparación del daño y garantías de protección para ellos y sus familias.
