El partido Movimiento Ciudadano, MC, acusó al Movimiento Regeneración Nacional, Morena, de utilizar recursos públicos, programas gubernamentales y bienes del Gobierno del Estado para promover a sus posibles candidatos, mediante actos que calificó como anticipados de campaña, pese a que el Proceso Electoral Local 2026-2027 iniciará formalmente hasta diciembre. Por estos hechos, el partido naranja ha presentado entre 10 y 15 denuncias mensuales ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, IEEC.
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El presidente estatal de MC, Paul Arce Ontiveros, afirmó que los aspirantes de Morena realizan actividades de promoción política fuera de los tiempos establecidos por la legislación electoral. Entre los señalamientos, mencionó el aprovechamiento de programas gubernamentales para darles visibilidad, así como la colocación de corazones en fachadas de viviendas, práctica que, sostuvo, ha generado inconformidad entre ciudadanos que autorizan pintar sus propiedades.
El dirigente emecista también denunció un presunto trato desigual entre los partidos políticos, al señalar que MC recibe sanciones, requerimientos para retirar publicidad y otras medidas cuando es denunciado, mientras que las quejas presentadas contra Morena no avanzan con la misma celeridad.
“No hay piso parejo, no se está tratando a los partidos de manera igualitaria como lo pide la ley. Simplemente ellos pueden romper las leyes, hacer lo que quieran y evidentemente lo único que sucede es que ellos llevan ventaja en todo. Sin embargo, también la ciudadanía se da cuenta”, arremetió.
Asimismo, acusó a los órganos electorales locales de estar controlados por el Gobierno del Estado y Morena, y sostuvo que esta situación ha dificultado la resolución de las quejas promovidas por su partido.
Ante este escenario, Arce Ontiveros aseguró que MC ha recurrido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, para buscar que se atiendan sus denuncias y se investiguen las presuntas violaciones a la normativa electoral. Añadió que su partido continuará presentando recursos contra las conductas que considere irregulares, mientras corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron infracciones y, en su caso, establecer las responsabilidades respectivas.
“Vamos a llegar hasta las últimas instancias”, subrayó.
JGH
