La amonestación emitida contra el Ayuntamiento de Hecelchakán por la presunta utilización de un menor de edad en trabajos de pintura dentro de una cancha deportiva municipal sienta un precedente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, consideró la Secretaría de Inclusión del Gobierno del Estado.
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El caso, integrado en el expediente 746/Q-14072025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), involucra a un menor identificado como PA1, cuyas iniciales fueron utilizadas para proteger su identidad. De acuerdo con el expediente, el adolescente habría sido empleado por un mando policiaco para realizar labores de pintura en un inmueble municipal.
Carlo Rodrigo Nic Castillo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión, respaldó los señalamientos de la Codhecam y destacó que las autoridades están obligadas a garantizar la protección de la infancia, sin importar si determinadas prácticas se encuentran arraigadas en una comunidad.
El funcionario explicó que el marco constitucional y los tratados internacionales reconocen una protección especial para niñas, niños y adolescentes, por lo que cualquier actividad que pueda constituir trabajo infantil o explotación debe ser revisada por las autoridades correspondientes.
La relevancia del caso, expuso, radica en que la presunta vulneración no habría ocurrido dentro de un ámbito familiar o privado, sino a partir de la actuación de una autoridad municipal. Por ello, consideró necesario que los servidores públicos conozcan y respeten las disposiciones que protegen a los menores.
Nic Castillo señaló que el trabajo infantil todavía puede presentarse en distintos sectores y, en algunos casos, se relaciona con condiciones económicas, prácticas familiares o usos y costumbres de determinadas comunidades. Sin embargo, aclaró que las tradiciones no deben utilizarse para justificar acciones contrarias a los derechos establecidos en la legislación.
Añadió que el antecedente de Hecelchakán puede servir para que los ayuntamientos y autoridades comunitarias revisen sus procedimientos y eviten involucrar a menores en actividades laborales que puedan representar una vulneración de sus derechos.
El caso también adquiere una particular relevancia debido a que, según lo expuesto por el funcionario estatal, el menor habría sido involucrado en un contexto relacionado con un conflicto político.
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Para la Secretaría de Inclusión, la resolución representa un llamado a las autoridades municipales a actuar dentro del marco legal y a asumir que la protección de la niñez constituye una obligación institucional.
“Como servidores públicos tenemos que responder a estas leyes a las que ahora estamos sujetos como Estado para garantizar los derechos de las personas”, sostuvo Nic Castillo.
JGH
