La posibilidad de perder sus plazas de base por un sistema de evaluación que consideran discrecional llevó a trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Campeche a manifestarse de brazos caídos, en rechazo a los criterios establecidos por el Órgano de Administración Judicial para medir su desempeño y condicionar su permanencia laboral.
Ricardo Fragoso Becerra, secretario de Juzgado, aclaró que el personal no rechaza la capacitación ni las evaluaciones de conocimientos, sino que cuestiona que una parte importante de la calificación dependa de valoraciones subjetivas de superiores y compañeros, lo que, advirtió, abre la puerta a decisiones arbitrarias que podrían afectar su estabilidad laboral.
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Detalló que el esquema otorga 60 por ciento de la puntuación al examen de conocimientos jurídicos y desempeño, mientras que 22.5 por ciento corresponde a la calificación del titular del órgano jurisdiccional y 7.5 por ciento a la percepción de los compañeros.
Es decir, 30 por ciento de la evaluación queda sujeto a opiniones personales. “Si le caes mal a un titular o a tus compañeros, ya tienes un 30 por ciento menos”, reprochó.
La inconformidad aumenta porque quienes obtengan una calificación de entre cero y 59 puntos deberán solicitar un examen extraordinario y, de no hacerlo, su situación será turnada al pleno del Tribunal de Disciplina, instancia que podría determinar el cese de su base.
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Para los inconformes, esta disposición contradice el décimo transitorio de la Reforma Judicial de septiembre de 2024, que establece el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Fragoso Becerra advirtió que el mecanismo coloca al personal en incertidumbre y comparó que ni siquiera la Reforma Educativa de 2013 contemplaba el despido automático por reprobar tres evaluaciones, pues existían alternativas como la reasignación de funciones o el retiro voluntario. “Evaluaciones sí, capacitación sí, pero sanciones no”, sostuvo.
Aunque el movimiento cuenta con el respaldo de trabajadores de 32 circuitos, todavía no define nuevas acciones de protesta. El representante descartó cerrar edificios judiciales para no perjudicar a abogados y ciudadanos que acuden en busca de justicia, pese a que alrededor de 28 o 29 sedes del país ya suspendieron actividades.
En las próximas horas sostendrán reuniones para acordar cómo continuará la movilización, mientras persiste el reclamo de que sus derechos laborales no queden sujetos a calificaciones que consideran discrecionales.
