En los últimos seis años, en la Entidad se promovieron 158 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por bloqueos carreteros, que derivaron en igual apertura de carpetas de investigación, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este delito está contemplado en la Ley de Vías Generales de Comunicación y corresponde a las denuncias presentadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
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El Código Penal establece sanciones de tres meses a siete años, y cárcel de hasta 30 años.
Con base en las estadísticas del SESNSP, en la Entidad las 158 carpetas de investigación por afectación a las carreteras federales están desglosadas de la siguiente manera: en 2021 se registraron 21, en 2022 la cifra bajó a 33 y en 2023 se tuvo el menor número de investigaciones con 14 carpetas.
En 2024 la cifra volvió a subir al alcanzar el mayor número de denuncias con 48 y este año, hasta el tercer trimestre, existen 10 carpetas de investigación abiertas.
El Código Penal Federal, en el Libro Segundo, Título Quinto, contempla los Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia. En el capítulo uno, sobre Ataques a las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia, en los artículos 165 al 172, se enumeran las sanciones para quienes realicen el acto ilegal de bloquear las carreteras del país.
De acuerdo con las sanciones del código penal, la pena por bloqueo de vías de comunicación es de tres meses a siete años de prisión y multas de entre 100 a 500 UMA. En casos extremos, puede llegar a 15 días a 30 años de cárcel por interrumpir el tránsito de medios de transporte o la suspensión de servicios.
Al respecto, el director de la SICT, Eduardo Guerrero Valdez, dijo que son pocas las denuncias, aunque aclaró que esto no significa que sean menos importantes, ya que cualquier cierre afecta al usuario.
De los bloqueos más recientes, enumeró el ocurrido en la comunidad La Libertad del municipio de Calakmul, por falta de energía eléctrica, atendido rápidamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la carretera Campeche-Mérida, estudiantes de la Normal Rural de Hecelchakán también impidieron el paso, aunque la protesta se desactivó de inmediato con la coordinación de autoridades estatales y federales.
En la denuncia se incluyen los daños a la infraestructura carretera, y en tramos con seguro, como la Campeche-Mérida, la compañía absorbe los gastos ocasionados por los bloqueos.
