Las presuntas diferencias y la falta de colaboración entre las policías estatal y municipal de Carmen, derivadas del conflicto entre el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, estarían debilitando las estrategias de prevención y combate a la delincuencia, afirmó el presidente de Contraloría Ciudadana, Javier del Carmen Bello Ávila. Señaló que las recientes ejecuciones registradas en distintos municipios reflejan una grave descomposición y falta de coordinación.
Tras los hechos violentos reportados en días recientes en Calakmul, Escárcega, Campeche y Carmen, el activista indicó que la situación ya no puede minimizarse ni ocultarse, pues las ejecuciones y enfrentamientos son cada vez más frecuentes en distintas regiones del estado. Añadió que, más allá de las estadísticas oficiales, existe una realidad evidente que ha afectado la percepción de seguridad de la ciudadanía, la cual ya no se siente segura en ningún lugar.
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Bello Ávila consideró como preocupante que las autoridades continúen enviando mensajes de aparente tranquilidad mientras la violencia persiste, por lo que llamó a reconocer la gravedad del problema y actuar con mayor firmeza. Señaló que, mientras se afirma que se realizan labores de vigilancia para reducir la presencia de delincuentes, la población es la que enfrenta y sufre las consecuencias.
El representante ciudadano retomó declaraciones del fiscal general del estado, Jackson Villacis Rosado, en las que se señala que las ejecuciones están relacionadas con el narcomenudeo y que no obedecen a disputas entre grupos criminales externos, sino a una célula local.
No obstante, aclaró que la responsabilidad del problema no recae únicamente en las autoridades de investigación, sino también en las labores de vigilancia y supervisión de quienes patrullan calles y colonias donde se comercializan estupefacientes.
En este sentido, sostuvo que tanto la policía estatal como la municipal, así como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, deben reorganizar la estrategia de seguridad, ya que es evidente que algo no está funcionando. Agregó que para lograrlo es necesario dejar de lado intereses políticos.
Asimismo, hizo referencia a las presuntas discrepancias y falta de colaboración entre la policía estatal y la policía municipal de Carmen, señalando que existiría un distanciamiento entre el alcalde Gutiérrez Lazarus y Marcela Muñoz Martínez, luego de que la hija de la funcionaria estatal fungiera como directora de la corporación municipal durante el trienio 2021-2024. Estas diferencias, afirmó el activista, habrían debilitado las estrategias de prevención y combate a la delincuencia.
Como ejemplo, mencionó el caso de Sabancuy, donde presuntamente no se permitió la instalación de un destacamento estatal, lo que refleja tensiones políticas que terminan afectando directamente la seguridad de la población.
Finalmente, Bello Ávila insistió en que las autoridades deben dejar de lado diferencias personales o políticas y enfocarse en fortalecer la coordinación operativa, pues advirtió que la violencia y la presencia de grupos criminales continúan avanzando en distintas regiones del estado, mientras la ciudadanía exige resultados concretos en materia de seguridad.
