La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del Estado tendrá, a partir de ahora, la facultad para retirar vehículos abandonados en la vía pública que representen riesgos para la movilidad, la salud pública o la seguridad ciudadana. Esto, luego de que el Congreso del Estado aprobara reformas a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular durante la sexta sesión ordinaria de la LXV Legislatura.
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Con el voto a favor de 33 diputados presentes, se avaló esta modificación legal dictaminada por la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad a la fracción VIII del artículo 52 de la citada ley, una iniciativa impulsada por el diputado de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, y respaldada por legisladores de Movimiento Ciudadano.
Con esta reforma, la Policía Estatal podrá retirar automóviles abandonados o estacionados por periodos prolongados en calles, avenidas y espacios públicos, particularmente cuando se ubiquen cerca de escuelas, hospitales, clínicas, instalaciones de seguridad o zonas comunitarias donde puedan representar riesgos sanitarios, ambientales o de seguridad. Las acciones podrán derivar tanto de denuncias ciudadanas como de la detección de las unidades por parte de las autoridades. Asimismo, se otorgó un plazo de 120 días naturales para que el Poder Ejecutivo emita los lineamientos y protocolos administrativos correspondientes.
Otro de los dictámenes aprobados fue la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular para permitir a las personas expresar voluntariamente su decisión de donar órganos, tejidos y células al momento de tramitar licencias de conducir o concesiones de transporte. Con ello, la SPSC deberá habilitar mecanismos claros y verificables para registrar la voluntad de los ciudadanos, buscando fortalecer la cultura de la donación para salvar vidas.
En materia de salud, el pleno aprobó un dictamen de la Comisión de Salud relativo a reformar la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de reconocer formalmente la partería tradicional como parte del sistema estatal de salud. La propuesta reconoce la importancia histórica y cultural de las parteras tradicionales en la atención del embarazo, parto y puerperio, principalmente en comunidades indígenas y rurales. El dictamen también incorpora cambios para permitir que profesionales médicos, parteras tradicionales y personas autorizadas puedan expedir certificados de nacimiento.
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JGH
