Integrantes de la Unión de Vendedores, Locatarios de Diversiones y Ferias de Campeche acudieron al Congreso del Estado para exigir justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, ocurrido el 25 de abril de 2026 en la ciudad de Mérida, Yucatán.
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Los fiesteros del Parque Campeche denunciaron presuntas irregularidades en la investigación del caso y acusaron a la Fiscalía General del Estado de Yucatán de haber liberado al presunto responsable, pese a que fue detenido conduciendo un vehículo con rastros de sangre. Además, aseguraron que actualmente enfrentan amenazas por exigir el esclarecimiento de los hechos.
Encabezados por el presidente de la organización, Rogelio Loeza Chim, los comerciantes pidieron el respaldo de los diputados locales, así como la intervención del Gobierno del Estado, ante lo que consideran una grave omisión de las autoridades yucatecas.
Loeza Chim recordó que previamente presentaron oficios tanto al Congreso como al Gobierno del Estado para que establezcan canales de comunicación con las autoridades de Yucatán y se garantice una investigación imparcial sobre el homicidio de su compañero.
De acuerdo con el dirigente, al día siguiente del crimen acudieron a rendir declaraciones y el principal sospechoso se encontraba detenido, luego de que un elemento de la Marina lo interceptó cuando conducía un vehículo manchado de sangre, argumentando que se dirigía a repararlo.
“Lo retienen y lo ponen a disposición de la Fiscalía, pero a las 48 horas lo dejan en libertad”, denunció Loeza Chim.
También acusaron que enfrentaron dificultades para recuperar el cuerpo de la víctima, agravando el dolor de la familia, y que desconocen el destino de un vehículo relacionado con el caso.
Según expusieron, la Fiscalía de Yucatán emitió una orden para la entrega de la unidad; sin embargo, otras autoridades habrían argumentado que se trata de un vehículo clonado, impidiendo su devolución y generando más dudas sobre el manejo del caso.
Además, señalaron que han recibido amenazas y un trato hostil durante sus gestiones en territorio yucateco.
“Nos amenazan y nos tratan como si no tuviéramos derechos”, expresó.
Por ello, advirtieron que, de no recibir apoyo, están dispuestos a tomar otras medidas, incluso acudir a Yucatán para exigir justicia.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades de ambos estados para coordinar esfuerzos que permitan esclarecer el asesinato, sancionar a los responsables y brindar garantías de seguridad a quienes continúan exigiendo que el caso no quede impune.
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JGH
