Los menonitas Johan y Gerardo Neufeldt Wall e hijos acudieron este viernes al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del Gobierno del Estado en el conflicto legal que enfrentan por la posesión de 500 hectáreas ubicadas en los predios El Progreso y parte de El Porvenir, en el municipio de Hopelchén. A pesar de que aseguran haber acreditado la legal posesión de las tierras, mantienen abierto un proceso judicial en su contra por el presunto delito de despojo.
La abogada de la defensa, Luz María Mendoza Loya, confirmó que los Juzgados Federales concedieron la suspensión provisional del proceso debido a la falta de un intérprete certificado para los menonitas involucrados, por lo que confió en que en los próximos días se otorgue la suspensión definitiva, permitiendo reponer el procedimiento judicial desde su inicio.
Noticia Destacada
Piratas de Campeche suman a Tyson Miller
Tras sostener una reunión informativa con autoridades estatales, la litigante calificó el encuentro como cordial y positivo, al señalar que el Gobierno del Estado manifestó su disposición para dar seguimiento al caso y mantenerse en comunicación tanto con la defensa como con las autoridades federales.
Explicó que durante la reunión se expuso la situación jurídica que enfrenta Johan Neufeldt Wall y las familias afectadas por el conflicto agrario, derivado de una disputa con la familia Huitz Villarreal, a quienes señalan como responsables del despojo de los terrenos.
La defensora recordó que promovieron un juicio de amparo, en el que un Juez Federal determinó conceder la suspensión provisional, al advertir que durante el proceso no se garantizó el derecho de los imputados a contar con un intérprete certificado, requisito indispensable para asegurar un debido proceso.
Mientras se resuelve el fondo del amparo, los productores menonitas aún no pueden volver a trabajar las tierras en disputa, por lo que permanecen a la espera de que la autoridad judicial conceda la suspensión definitiva y ordene la reposicion del procedimiento legal.
La defensa reiteró su confianza en que el juicio de amparo permita restituir el proceso desde el principio y garantice que las familias afectadas puedan defender plenamente sus derechos sobre las 500 hectáreas cuya propiedad aseguran haber acreditado legalmente.
