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Campeche

Diputados exigen renuncia de titulares de seguridad en Campeche

Diputados de MC y PRI exigieron la renuncia de Marcela Muñoz y Jackson Villacís tras los ataques armados en Ciudad del Carmen, acusando el fracaso de la estrategia de seguridad.

PRI y MC cuestionan estrategia de seguridad estatal
PRI y MC cuestionan estrategia de seguridad estatal

Si los titulares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), Marcela Muñoz Martínez y Jackson Villacís Rosado, no pueden con la responsabilidad de garantizar la seguridad en Campeche, deben renunciar, fustigaron diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como integrantes de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia del Congreso del Estado, tras los hechos violentos ocurridos en Ciudad del Carmen, donde en menos de 12 horas dos viviendas fueron baleadas y, en una de ellas, fue abandonada una cartulina con amenazas atribuidas a presuntos grupos criminales, además de una granada.

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El diputado local de MC, Paul Arce Ontiveros, sentenció que la estrategia de seguridad implementada en el Estado ha fracasado, ya que diariamente se registran hechos delictivos que antes eran inusuales. Recordó que desde el Congreso han promovido exhortos y solicitado la comparecencia de los responsables de la seguridad pública, pero acusó que la mayoría legislativa de Morena ha bloqueado esas propuestas.

El diputado Aldo Contreras Uc, secretario de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, afirmó que los ataques armados representan una amenaza grave, al subrayar que abandonar una granada frente a una vivienda baleada constituye un hecho de extrema gravedad que genera miedo e incertidumbre en la población.

La diputada del PRI, Delma Rabelo Cuevas, calificó como graves, preocupantes y condenables los hechos violentos, advirtiendo que Campeche no debe normalizar la violencia ni acostumbrarse a este tipo de acontecimientos. Señaló que la inseguridad afecta la tranquilidad de las familias, perjudica la actividad comercial, desalienta las inversiones y compromete el desarrollo económico del Estado.