La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció a Campeche por impulsar una iniciativa de ley que convertiría al Estado en la primera Entidad del país en reconocer expresamente en su legislación el derecho a defender las garantías individuales como un derecho autónomo, conforme al criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El reconocimiento fue realizado por Ricardo Neves, oficial en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante la clausura del Congreso Nacional “La Defensa de los Derechos Humanos: retos y desafíos de las instituciones de protección en la ruta por la justicia social”, organizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
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El representante de la ONU destacó la apertura para trabajar con el organismo internacional en diversas iniciativas, especialmente en la elaboración de la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Campeche, la cual incorpora estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Neves expresó su confianza en que la iniciativa sea aprobada a la brevedad para beneficio de la población campechana y señaló que este trabajo también se desarrolla de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam).
Advirtió que actualmente los derechos humanos enfrentan presiones a nivel mundial, como restricciones al Estado de Derecho, reducción del espacio cívico, violencia, polarización y nuevas formas de discriminación, por lo que consideró indispensable fortalecer a los organismos públicos de protección.
Por su parte, la presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Ligia Nicté-Ha Rodríguez Mejía, sostuvo que todo Estado democrático debe colocar a los derechos humanos como eje rector de sus decisiones y de la justicia social.
Informó que durante el último año los organismos que integran la Federación desplegaron programas de proximidad en mil 821 comunidades foráneas, brindando protección y defensa a un millón 64 mil 962 personas, de las cuales el 85 por ciento pertenece a grupos de atención prioritaria, entre ellos mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, indígenas, afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Añadió que casi el 30 por ciento de las investigaciones realizadas por estos organismos corresponden a presuntas violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
