Integrantes de la comunidad menonita 'Nueva Trinidad', en el municipio de Hopelchén, acudieron esta mañana a una audiencia en la Sala de Juicios Orales, donde exigieron que el juicio por la disputa de 500 hectáreas de tierras sea reiniciado desde 2018, al denunciar que ha estado viciado desde sus primeras actuaciones y que el Poder Judicial ha vulnerado sus derechos humanos al no proporcionarles un traductor durante las audiencias.
El conflicto afecta a 50 familias menonitas, que aseguran no haber contado con un intérprete que les permitiera comprender plenamente los términos jurídicos y el desarrollo del proceso, lo que les ha complicado ejercer una adecuada defensa. Tras la audiencia celebrada, en la que notificaron al juez el cambio de defensa, el asunto fue reprogramado para el 16 de este mes.
Johan Neufeld Wall, habitante de Nueva Trinidad, explicó que las tierras fueron adquiridas legalmente en 2012, cuando los hermanos Sánchez les ofrecieron el predio y les mostraron el título de propiedad, planos y colindancias con los ejidos Francisco J. Mujica, Kancabchén, Pantí y El Porvenir, así como con los predios San Alberto y El Macho. Con esa documentación obtuvieron un crédito bancario, realizaron la compraventa, protocolizaron las escrituras en 2013 e inscribieron la operación en el Registro Público de la Propiedad (RPPyC).
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Añadió que en 2014 realizaron estudios técnicos y en 2015 obtuvieron permisos para iniciar trabajos de limpieza, nivelación, drenajes y apertura de caminos. Ese mismo año la Profepa inspeccionó el predio por un tema ambiental, procedimiento que quedó resuelto, lo que permitió continuar con los trabajos, instalar una reja metálica y mantener vigilancia permanente.
Neufeld relató que en 2015 fueron denunciados, aunque un juez dejó sin efecto una orden de aprehensión en 2016, al comprobar la legalidad de sus escrituras. No obstante, en 2018 volvieron a ser demandados bajo el argumento de posesión histórica del terreno.
Señaló que el demandante es Luis Eduardo Huitz Villareal, apoderado legal de José Antonio Huitz Villareal, quien se ostenta como propietario. Sostuvo que la contraparte no cuenta con escrituras, sino únicamente con una solicitud de tierras denominada 'El Ramonal', la cual fue declarada improcedente por Sedatu en 2015.
Asimismo, afirmó que hace unos meses una jueza entregó la posesión provisional del predio a la contraparte, impidiéndoles sembrar durante el ciclo agrícola y afectando también a 15 productores vecinos.
Durante la audiencia más reciente, los productores denunciaron nuevamente la ausencia de un traductor certificado. Aunque Johan Neufeld habla español, explicó que no comprende el lenguaje técnico de las leyes, por lo que considera que sus derechos al debido proceso y a una adecuada defensa han sido vulnerados.
Por ello, demandó que el juicio se reinicie desde 2018, para que todas las actuaciones se desarrollen con un traductor y pleno respeto a sus garantías procesales.
Los menonitas afirmaron que incluso acudieron a la Sedatu en Ciudad de México para verificar la autenticidad de sus títulos, los cuales —sostuvieron— son completamente legales. También manifestaron su desacuerdo con la propuesta del TSJE de buscar un diálogo, al considerar que tras más de una década de inversiones en el predio, no existe motivo para negociar una propiedad adquirida conforme a la ley. Finalmente, insistieron en que únicamente buscan justicia, paz y que sus pruebas sean valoradas de manera imparcial.
