Abogados campechanos alertaron que la labor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se ha visto mermada por el exceso de carga laboral que enfrenta el personal jurisdiccional, la insuficiencia de recursos materiales para el desempeño de sus funciones y las deficiencias del parque vehicular destinado a la realización de notificaciones y diligencias.
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Integrantes del Colegio de Profesionistas en Derecho Barra de Abogados de Campeche, advirtieron que estas condiciones vulneran el derecho humano de las víctimas y de los justiciables al acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al generar rezagos en la resolución de los asuntos y retrasar el desarrollo de los procesos judiciales.
El presidente del colegio, Francisco Portela Chaparro, informó que el pasado 30 de junio entregaron un oficio al Consejo de la Judicatura, con copia al Congreso del Estado, para solicitar la atención inmediata de esta problemática.
Explicó que, a partir del diálogo permanente con litigantes y trabajadores del Poder Judicial, constataron que jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios y personal administrativo enfrentan una carga de trabajo que rebasa su capacidad operativa, lo que deriva en rezagos y dilación en la impartición de justicia.
Asimismo, señaló que diversas áreas carecen de materiales básicos de oficina, mientras que el deterioro de los vehículos oficiales obliga, en muchos casos, a los actuarios y diligenciarios a utilizar sus propios automóviles e incluso cubrir de su bolsillo el combustible para cumplir con las notificaciones y diligencias fuera de sede.
También, existen ocasiones en las que audiencias y actuaciones judiciales deben reprogramarse porque las unidades oficiales presentan fallas mecánicas o simplemente no pueden salir a realizar las diligencias, afectando directamente a las personas involucradas en los juicios.
Portela Chaparro subrayó que esta situación no solo perjudica a los ciudadanos que esperan una resolución de sus asuntos, sino que también representa una afectación a los derechos laborales del personal judicial, al desempeñar sus funciones bajo condiciones insuficientes.
Recordó que, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución Política del Estado y los artículos 82, 83 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Consejo de la Judicatura la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, así como garantizar que existan los recursos humanos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
Entre las solicitudes planteadas destacan la realización de un diagnóstico sobre las necesidades materiales y del parque vehicular de los órganos jurisdiccionales, gestionar mayores partidas presupuestales ante el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado, así como implementar medidas emergentes que eviten que el personal judicial continúe utilizando recursos propios para cumplir funciones oficiales.
La justicia no puede depender del sacrificio personal de quienes la imparten, concluyó el dirigente del colegio, al reiterar el llamado para fortalecer las condiciones del Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía.
JGH
