Al menos 300 demandas por despidos injustificados mantienen bajo presión las finanzas de los Ayuntamientos de Hecelchakán, Hopelchén, Calkiní, Calakmul, Campeche y Carmen. Si los presidentes municipales no atienden los procedimientos y se niegan a cumplir con las resoluciones de los tribunales laborales, podrían enfrentar graves consecuencias, entre ellas el congelamiento o embargo de sus cuentas bancarias, como ocurrió con la Comuna de Tenabo por el incumplimiento de sentencias laborales.
José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC), llamó a los alcaldes a no comprometer los recursos públicos por decisiones personales o “caprichos” y a buscar acuerdos con los trabajadores despedidos en administraciones anteriores.
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El dirigente sindical advirtió que los laudos laborales representan una carga económica que puede poner en riesgo el pago de nóminas, prestaciones y servicios básicos de los municipios. Señaló que Tenabo es un ejemplo de las consecuencias que enfrentan las autoridades cuando no cumplen con las resoluciones judiciales, pues cada mes la administración municipal tiene dificultades para cubrir desde las quincenas hasta las prestaciones de sus trabajadores.
En Calakmul, dos laudos representan un adeudo conjunto de 12 millones de pesos: uno por cinco millones y otro por siete millones. El impacto de estas resoluciones evidencia el riesgo que enfrentan las administraciones municipales cuando los juicios laborales llegan a su etapa final y los tribunales ordenan el pago de salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones.
La situación más numerosa se encontraría en Hecelchakán, donde el presidente municipal José Cevastian Yam Poot enfrenta alrededor de 100 casos de laudos. El SUTPMIDEC indicó que en este municipio existen negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo que permita atender las demandas sin llegar a la ejecución forzosa de las sentencias.
El líder sindical insistió en que los presidentes municipales deben asumir la responsabilidad de los conflictos heredados y evitar que las deudas laborales crezcan hasta convertirse en una amenaza para la prestación de servicios públicos.
Los casos de Tenabo, Calakmul, Hecelchakán, Hopelchén, Calkiní, Campeche y Carmen muestran la dimensión del rezago laboral que enfrentan los municipios del estado. Mientras las demandas continúan su curso en los tribunales, los ayuntamientos deberán definir si negocian soluciones con los trabajadores o esperan a que las autoridades judiciales ordenen el pago, con el riesgo de enfrentar embargos, congelamiento
