Por tercera ocasión, la jueza estatal Claudia Gabriela Cervantes Luna difirió la audiencia del menonita Johan Neufeld Wall, acusado por el presunto despojo de 500 hectáreas de tierras de los predios El Progreso y El Porvenir, en el municipio de Hopelchén, debido a la falta de un traductor certificado, por lo que la diligencia fue reprogramada para el próximo 11 de septiembre.
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Conflicto menonita en Hopelchén escala a movilización nacional
El nuevo aplazamiento fue cuestionado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, cuyo dirigente, Eraclio Rodríguez Gómez, denunció que se continúan vulnerando los derechos individuales del imputado, al no garantizarle desde el inicio del proceso un intérprete que le permita comprender plenamente los términos jurídicos del juicio.
Rodríguez Gómez explicó que, aunque los menonitas pueden comunicarse en español en actividades cotidianas, no es así cuando se utilizan términos legales. “Cuando le hablas de un tractor, de una maquinaria, de una siembra, pueden entender”, señaló, pero del lenguaje en un juicio “no entienden absolutamente nada”.
Ante esta situación, el dirigente confirmó que, además del amparo presentado previamente, acudieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado, TSJE, para interponer un “incidente de incompetencia” contra la jueza Cervantes Luna, con el objetivo de que el caso sea remitido a la justicia federal, al sostener que la controversia involucra terrenos nacionales.
Afirmó que la falta de traductor no es un problema aislado, sino una violación que afecta el procedimiento completo, pues el imputado debió contar con asistencia lingüística desde la etapa de investigación, incluyendo notificaciones y actuaciones del Ministerio Público.
“Nosotros estamos pidiendo al juez federal que se reinicie el juicio con un procedimiento adecuado o que se anule este juicio que se está llevando a cabo ahorita”, manifestó.
Rodríguez Gómez también cuestionó la competencia de las autoridades estatales para conocer del expediente, pues, aseguró, existen antecedentes documentales en los que se reconoce que los predios son terrenos nacionales. Por ello, argumentó que corresponde a los juzgados federales atender la controversia.
El dirigente acusó, además, presuntas irregularidades en documentos presentados por el denunciante Luis Huitz Villareal durante el litigio y afirmó que uno de ellos habría sido firmado por una persona que se ostentó como presidente municipal de Dzibalchén, pese a que dicha demarcación tiene la categoría de Junta Municipal.
Mientras la disputa jurídica continúa, el Frente anunció que mantendrá también la presión social. Rodríguez Gómez reiteró la manifestación para el próximo 30 de septiembre, a la que convocarán a familias que consideren haber sido afectadas por decisiones judiciales o administrativas relacionadas con sus tierras.
“Esto ha sido algo muy reiterativo”, afirmó, al señalar que la defensa de los menonitas forma parte de una lucha más amplia por la protección de los derechos agrarios de familias campesinas y pueblos originarios en Campeche.
JGH
